La Junta de Andalucía denegará más autorizaciones de VTC por «razones imperiosas de interés general». El Gobierno andaluz aplica las conclusiones del estudio técnico sobre la gestión de la oferta de transporte en VTC y, con ello, da respuesta al «crecimiento descontrolado» del número de solicitudes detectado en los primeros meses de 2025, que «podría repercutir negativamente en la armonía del sector y afectar en su relación con el taxi».
Esta decisión deriva del Decreto-ley que suspendía temporalmente nuevas autorizaciones a la espera del resultado de un estudio que determinase nuevos criterios para su otorgamiento. «Este informe justifica que no se concedan más autorizaciones, fundamentalmente por tres razones», apostillan desde la Junta.
En primer lugar, por proteger el medio ambiente y la salud pública, ya que «más autorizaciones supondrán más emisiones de partículas nocivas incluso en el caso de vehículos eléctricos». En segundo lugar, por ocasionar una mayor congestión de tráfico, porque «se ha detectado un elevado porcentaje de trayectos sin pasajeros —35% de los kilómetros recorridos—». Y, por último, porque «la demanda está cubierta con la actual flota de vehículos, con un tiempo de espera inferior a diez minutos».
En conclusión, «no se aceptarán más autorizaciones». Ni las solicitudes que se presenten a partir de ahora ni las que se encontraban suspendidas con la aprobación del Decreto-ley, que modifica la Ley 2/2003, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, de junio. «El objetivo final es velar por el equilibrio del servicio, proteger los derechos de los usuarios y lograr que VTC y taxis presten sus servicios de forma complementaria», recalcan desde la Administración.
La postura de Andalucía llega en un contexto marcado por la legislación estatal vigente, que establecía unos criterios para autorizar VTC que, principalmente, se basaban en razones medioambientales. Un baremo que funcionó hasta este mismo año, donde se ha producido un «incremento exponencial» de las solicitudes de VTC con vehículo eléctrico. Desde el 1 de enero hasta mediados de abril se han registrado cerca de 1 400 de estas solicitudes frente a las 3 700 autorizaciones vigentes actualmente en Andalucía. En el año y medio anterior sólo se habían presentado 23 solicitudes.
Esta medida se suma a otras emprendidas por el Gobierno andaluz para hacer frente a una situación de la que «el Gobierno de España se desentendió desde el primer instante, cargando la responsabilidad en las comunidades autónomas». En los últimos años, Andalucía ha emprendido medidas como la aprobación del decreto de modernización del taxi en 2021 y, un año después, en 2022, un decreto-ley para la regulación de los VTC para la convivencia pacífica entre los diferentes servicios.
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