La Junta allana el camino a la mayor cantera de yeso del mundo y deja en evidencia su doble vara ambiental

ALMERÍA | MEDIO AMBIENTE. La Coordinadora Ecologista Almeriense ha lanzado una denuncia pública contra lo que considera un caso flagrante de trato de favor a una gran multinacional: la francesa Saint-Gobain. El foco está en Sorbas (Almería), donde la Junta de Andalucía está tramitando la prórroga de explotación de la mayor cantera de yeso del mundo por 30 años más, pese a su cercanía a espacios naturales protegidos y un historial administrativo cargado de sombras.

La organización ecologista, personada en el expediente, alerta de graves irregularidades cometidas tanto por la Delegación Territorial de Medio Ambiente como por la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en Almería, que podrían incluso rozar el delito ambiental. El caso ha sido puesto ya en manos del equipo jurídico de la Coordinadora, que prepara denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente y el SEPRONA.

Prórroga a medida de una multinacional

La explotación minera en cuestión, denominada «Los Yesares», fue concedida en 1995 sin evaluación ambiental, sin consulta a los órganos competentes y sin un proyecto general de explotación ni plan de restauración. Durante casi 30 años, ha funcionado sin una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) actualizada, afectando directamente a espacios protegidos como el Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas y la Sierra de Cabrera-Bédar, ambos incluidos en la red ecológica europea Natura 2000.

Saint-Gobain, que facturó más de 46 000 millones de euros en 2024 y tiene presencia en todo el mundo, parece no haber tenido problemas en obtener el beneplácito de la administración autonómica, mientras otras empresas más pequeñas han visto denegadas sus prórrogas en la misma zona por motivos ambientales.

«¿Qué cambia cuando se trata de Saint-Gobain?», se preguntan desde la Coordinadora. La respuesta que sugieren es inquietante: influencia y poder de lobby.

¿Ambientalismo según el tamaño del balance?

Una de las irregularidades más llamativas denunciadas por los ecologistas es la reducción arbitraria de la superficie afectada por la evaluación ambiental: de las casi 200 hectáreas previstas para la prórroga, la Junta solo ha evaluado ocho. El objetivo, según la Coordinadora, es claro: facilitar una resolución favorable.

Durante tres décadas de explotación, se han destruido cuevas protegidas, hábitats de interés comunitario y poblaciones de flora y fauna singulares, sin que la empresa haya sido inspeccionada ni una sola vez por las autoridades ambientales. No hay actas, ni informes, ni sanciones: un agujero negro en pleno corazón del sistema ambiental andaluz.

A esto se suma el hecho de que funcionarios de la propia Junta se habrían negado a firmar algunos de los informes técnicos, lo que refuerza las sospechas sobre presiones internas o decisiones impuestas desde arriba.

Una batalla legal… y financiera

Además de preparar las acciones legales correspondientes en España, la Coordinadora está estudiando la posibilidad de elevar el caso a Euronext, el mercado regulado donde cotiza Saint-Gobain. El objetivo: alertar a los inversores sobre las prácticas ambientales de la empresa en Andalucía y cuestionar el cumplimiento de su responsabilidad social corporativa.

«No se puede permitir que, por su peso económico, una multinacional burle la normativa ambiental que sí se aplica con mano dura a otras empresas», denuncian. La Coordinadora subraya que el expediente actual está siendo tramitado de forma opaca y sesgada, con informes orientados a facilitar la concesión a toda costa, pese a las evidencias de impacto acumulado.

¿Y ahora qué?

La pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que debe resolver en las próximas semanas la prórroga de esta explotación. Si lo hace en los términos actuales, la Coordinadora asegura que no se quedará de brazos cruzados.

El caso podría convertirse en un escándalo medioambiental y político de primera magnitud, al demostrar cómo la normativa puede flexibilizarse en función del músculo económico del solicitante. Y, al mismo tiempo, plantea una pregunta incómoda: ¿vale todo si quien contamina genera millones?