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La Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) han asegurado que trabajan de forma coordinada para ofrecer soluciones «individualizadas» a los 20 estudiantes cuya matrícula ha sido anulada en los grados de Análisis Económico y de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de esta institución académica.
Según ha explicado el Gobierno andaluz en una nota, la situación se debe a una incidencia técnica en el Distrito Único Andaluz (DUA), relacionada con el tratamiento excepcional que recibieron ambas titulaciones durante el proceso de adjudicación de plazas. Este hecho provocó que el sistema asignara más plazas de las realmente disponibles, lo que impidió consolidar la matrícula de estos estudiantes.
Tras conocer lo ocurrido, la Consejería y la UPO han asegurado que establecieron una «coordinación permanente» para evaluar las consecuencias de la incidencia y buscar alternativas para el alumnado afectado. Una vez finalizado el plazo de matrícula, que se desarrolló entre el 8 y el 14 de octubre, y analizada la situación definitiva, ambas instituciones determinaron que algunas adjudicaciones no podían mantenerse, ya que las plazas autorizadas para los dos grados estaban cubiertas.
Según han explicado ambas instituciones, la revisión conjunta permitió determinar que finalmente 20 estudiantes no podían mantener la adjudicación de su plaza, diez en cada titulación. Los afectados fueron informados de la incidencia y de las alternativas disponibles en función de sus circunstancias particulares. Hasta el momento, nueve de ellos han conseguido plaza en otro grado que figuraba entre sus preferencias en la solicitud, contaba con vacantes disponibles y para el que cumplían los requisitos de nota de admisión.
Desde la Consejería de Universidad e Industria han insistido en que la prioridad ha sido «revisar cada expediente, agotar las posibilidades de mantener o recuperar una plaza universitaria y ofrecer alternativas individualizadas, respetando al mismo tiempo los derechos de los estudiantes que las habían obtenido previamente conforme al procedimiento de admisión».
Ante esta situación, el Ejecutivo andaluz ha defendido que se han ido articulando distintas soluciones para el alumnado afectado. A quienes habían sido admitidos previamente en otra titulación y renunciaron a ella para matricularse en estos grados, se les ha ofrecido la posibilidad de recuperar su matrícula anterior. Asimismo, se ha informado a los estudiantes de que pueden solicitar plaza en otras titulaciones que aún dispongan de vacantes, tanto en la UPO como en el resto de las universidades públicas andaluzas.
La Consejería de Universidad e Industria ha aclarado que los estudiantes afectados participaron en el plazo habilitado del 25 al 30 de septiembre para solicitar titulaciones que, una vez finalizadas las adjudicaciones y reclamaciones de la fase extraordinaria, aparecían con plazas vacantes y sin lista de espera. Se trata, por tanto, de un plazo final y residual del procedimiento de admisión, en el que el número de grados y plazas disponibles es reducido.
Con anterioridad se desarrollan las dos grandes fases del procedimiento de admisión: la fase ordinaria, en la que se la totalidad de carreras y plazas; y la fase extraordinaria, en la que únicamente pueden ofertarse aquellas enseñanzas que mantienen plazas disponibles. Durante todo el procedimiento, las plazas se adjudican respetando las distintas fases y el orden de admisión que corresponde a cada solicitante por su nota de admisión.
La incidencia se ha producido en el marco de un procedimiento de admisión en el que se han publicado doce listas de adjudicación y resultas y se han asignado más de 51.500 plazas de nuevo ingreso para el curso 2026/2027. La situación registrada en estas dos titulaciones de la UPO constituye una incidencia técnica puntual dentro de un proceso que «se ha desarrollado, en términos generales, con normalidad».
En cualquier caso, la Consejería de Universidad ha prometido que atenderá «individualmente» en esta semana a los estudiantes que lo soliciten para analizar sus posibilidades y con el objetivo de «reducir al mínimo las consecuencias de lo ocurrido».
