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La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes que el Ejército de Malí y el grupo paramilitar ruso Africa Corps han matado y herido a un gran número de civiles en ataques y detenciones, a la vez que ha acusado a combatientes islamistas y separatistas de torturar y ejecutar a soldados malienses capturados.
«El Ejército maliense, los grupos armados y las fuerzas insurgentes están cometiendo graves violaciones de las leyes de la guerra, mientras los gobiernos y las organizaciones internacionales permanecen, en gran medida, como meros espectadores», ha denunciado la investigadora sobre el Sahel en Human Rights Watch Ilaria Allegrozzi.
HRW ha afirmado haber documentado dos ataques con drones «aparentemente indiscriminados» por parte de las autoridades malienses, un ataque el 29 de julio en la aldea de Talahandak, en la región norteña de Kidal, que destruyó parcialmente un centro de salud; y otro el 19 de agosto en un mercado de la localidad de Tombonkore, en la región central de Bandiagara, que «causó la muerte de seis civiles y heridas a al menos otras 20 personas». Además, agrega que el 12 de julio soldados malienses mataron a tiros a cinco niñas durante una operación contrainsurgente en la región central de Ségou.
Paralelamente, la ONG asegura que la filial de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), junto con combatientes separatistas aliados del Frente de Liberación de Azawad (FLA), atacaron un convoy militar el 18 de julio en la región de Gao, tras lo que «torturaron y ejecutaron a al menos 19 soldados malienses» capturados.
Estos sucesos, explica Human Rights Watch, se han producido en un contexto de combates renovados desde que el 25 de abril el JNIM llevara a cabo ataques coordinados en todo el país junto con combatientes del FLA con el objetivo de derrocar a la junta militar encabezada por el general Assimi Goïta y respaldada por Africa Corps, a lo que las Fuerzas Armadas malienses y sus aliados respondieron con ataques aéreos que causaron la muerte de civiles, así como con represalias contra comunidades étnicas acusadas de colaborar con los insurgentes.
Además, la organización ha recogido que tanto JNIM como FLA reivindicaron el ataque perpetrado el 18 de julio contra un convoy del ejército maliense y del Africa Corps en Tabrichat, en la región de Gao.
«Aunque la matanza de cautivos en Tabrichat (...) efectivamente tuvo lugar, nosotros no dimos la orden; no porque no esté permitido en nuestra religión, sino porque consideramos que, por conveniencia, era mejor no intervenir», afirmó el Comité de la Sharia del JNIM, en una respuesta enviada a Human Rights Watch el 30 de septiembre, según el comunicado de la ONG. «Aunque no ordenamos a nuestras tropas cometer tales actos y no es nuestra política proceder de esa manera, lo que hicieron no viola nuestra Sharia hasta el punto de que consideremos necesario exigirles responsabilidades o castigarlos», añadió el órgano.
A su vez, el portavoz del FLA Mohamed Elmaouloud Ramadane declaró el 20 de septiembre a HRW, según recoge la propia entidad, que «reconoce que el 18 de julio se produjeron enfrentamientos armados en Tabrichat entre sus fuerzas y las del ejército maliense junto a sus aliados rusos del Africa Corps», si bien «rechaza categóricamente cualquier acusación de que sus fuerzas llevaran a cabo la ejecución» de soldados malienses". «El FLA ha realizado, y seguirá realizando... investigaciones internas sobre cualquier (...) violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de algunos de sus miembros (...) especialmente aquellos que estuvieron en Tabrichat», reza el texto recogido por la ONG.
Ante esta coyuntura, la investigadora de HRW Allegrozzi ha reivindicado que «el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) debería respaldar sus compromisos de proteger a los civiles en Malí con medidas concretas e informes públicos periódicos». «Debería instar a las autoridades malienses a llevar a cabo investigaciones independientes sobre los abusos cometidos tanto por el ejército maliense y sus aliados como por las fuerzas de oposición, y ofrecer el apoyo de expertos en Derechos Humanos de la UA para dichas investigaciones», ha manifestado.
