Así se presenta un supuesto operador del Área Informativa de Vodafone-Lowi —o Telefónica, en algunos casos— avisando de que, en la medianoche del mismo día, se aplicará una subida unilateral de 21,95 (en algunos foros se habla de 21,78 o cifras similares) y se aplicará una permanencia de 24 meses. La llamada, del 960 666 039, evidentemente, es una estafa.
El operador, que facilita un montón de información en poco tiempo—«como se indica en la cláusula 19 de su contrato», «tenemos la obligación legal de informarle»— pretende que le proporcionemos nuestro consentimiento con base a una supuesta información enviada en la primera quincena de diciembre de cambio sustancial de los términos de contrato. Nos informa, además, de que la llamada está siendo grabada y será auditada. Curiosamente, no pregunta el nombre del titular ni da más datos para confirmar que está llamando a quien se supone debe llamar.
«Puede oponerse»
La búsqueda del consentimiento es constante, y ante cualquier «Entiendo» o «De acuerdo» para acceder a más información o tratar de que se nos reenvíe el supuesto cambio de términos de contrato, el autonombrado Carlos Pérez quiere pasar al proceso de conformidad, en la búsqueda de los resquicios legales de los contratos de telefonía e internet. Además, amenaza con una penalía —el operador es latinoamericano— si no se da la conformidad.
No obstante, cae en contradicción cuando nos ponemos más firmes y le nombramos la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley del Consumidor, el derecho de desistimiento y los cambios unilaterales de términos de contrato. Nos informa entonces —sinceramente, y jugándose el trabajo, nos advierte— de que OCU y FUCI les obligan a avisar de que, de no estar conformes, podemos oponernos. No queda claro por qué dos asociaciones de consumidores, entre las muchas que hay, y no el Ministerio o la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia —la que realmente obliga a las compañías— quienes están en el ajo.
Esta oposición, entrando en un fichero, es otra forma de capturar datos, pues hay que proveer todos los datos, datos que pueden servir para consignar un nuevo contrato a nuestro nombre.
Para ello, nos dice, tenemos que llamar a un número de teléfono —el 910 602 464— con un número de caso —nos lo facilita incluso antes de que se lo solicitemos, aparentando una estructura seria detrás— para mostrar nuestra disconformidad a la brevedad porque, nos repite, la compañía aplicará tanto la subida como la permanencia esa misma media noche.
Esta subida, de más de 21 euros al mes, se justifica debido a que «ha habido sobrecarga en la red y se han producido algunos cortes» y se ha invertido en la mejora de los sistemas. Al recibir la llamada es día 21 de febrero y el operador no parece saber que la ley obliga a que cualquier cambio tarifario se aplique en el siguiente recibo —un fallo menor que a la mayoría se le escapa—.
Mención aparte merece el hecho de que nos diga que «la compañía no gestiona el fichero de opositores, lo hace la OCU», lo que supondría el traspaso de datos personales a un tercero, en este caso una asociación, algo para lo que, de nuevo falta la debida información en materia de Protección de Datos.
Si aun así, seguimos pidiendo que se nos reenvíe la información, el interlocutor cursará una supuesta petición para que nos llegue este nuevo contrato en 48 horas. Curiosamente, nos da el mismo número de caso en este supuesto, el 20100M y asegura que nos llegará la información en breve a un correo que tenemos que facilitarle. Ante la pregunta de si no tiene nuestros datos nos vuelve a asegurar que él solo está en el Área Informativa y no tiene acceso a nada, por lo que trasladará la petición al departamento correspondiente.
Una búsqueda rápida en internet sobre los números de teléfono —tanto el que llama como el que nos facilita— arroja múltiples avisos de estafa y una llamada a nuestro operador real —hay que hacerlo siempre—, nos dice claramente: eso es una estafa para robar clientes.
La elección de utilizar el nombre Vodafone-Lowi no es casual, puesto que tiene más del 25% de cuota directa de mercado y es una de las grandes distribuidoras para operadores móviles virtuales, que funcionan en sus redes de telefonía o fibra.
Así que, ya sabes, si te llama Carlos Pérez —aunque puede ser Pablo, o Laura, o Conchita—, de Vodafone-Lowi —aunque pueden ser Telefónica, u Orange u otra—, mejor cuelga, bloquea el número y llama a tu operadora con el número corto que ponen a tu disposición. Y mejor, puedes acudir a la Policía Nacional a denunciar el número por intento de estafa.
