La Asociación de Fiscales (AF) ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la «política de nombramientos discrecionales», que consideran que se basa en «afinidad ideológica», de la Fiscalía General del Estado, después de que el Tribunal Constitucional anulase las sentencias del Tribunal Supremo que rechazaron el nombramiento del fiscal jefe de Menores acordado por la exjefa de la Fiscalía Dolores Delgado.
La AF, la mayoritaria de la carrera, ha denunciado este lunes en una nota de prensa que las resoluciones del TC «consolidan un modelo de designación en el que la discrecionalidad del poder público prevalece sobre los principios de mérito y capacidad».
El Constitucional anuló dos sentencias del alto tribunal que rechazaron el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala de menores que había acordado Delgado porque consideró que los fallos del Supremo vulneraron «el derecho fundamental del recurrente en amparo a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas».
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, ha señalado que han presentado esta demanda «porque las sentencias del Tribunal Constitucional acogen un criterio de discrecionalidad máxima en los nombramientos de la Fiscalía, en el que la confianza y la afinidad ideológica pueden prevalecer sobre los principios de mérito y capacidad».
Y ha añadido que el Constitucional «legitima un sistema de designaciones en el que la afinidad ideológica, cuidadosamente revestida de argumentación jurídica, puede imponerse sobre la especialización técnica exigida para el desempeño del cargo».
En este sentido, la asociación advierte de que esta doctrina trasciende el caso concreto y afecta al conjunto del sistema institucional, al debilitar las garantías que deben regir el ejercicio del poder público y comprometer la credibilidad de la Fiscalía como institución esencial del Estado de derecho.
Esta situación, estima la asociación, «no solo afecta al ámbito de la justicia, sino que proyecta sus efectos sobre el conjunto de la función pública, al comprometer los principios de imparcialidad, objetividad y sometimiento a la legalidad».
En esta línea, Dexeus ha advertido de que «se rompe así un pilar esencial del Estado de derecho, al sustituir los principios de mérito y capacidad por criterios de afinidad».
Asimismo, la demanda pone de manifiesto la posible vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al haberse adoptado decisiones relevantes con la intervención de un magistrado cuya imparcialidad se encontraba comprometida.
