Junts ha alertado que el proceso de regularización de migrantes que se ha abierto desde la madrugada de este jueves "ignora" el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia y que está provocando el que consideran un grave colapso de los servicios municipales en Catalunya.
El partido ha asegurado que el catalán no es requisito obligatorio y que sólo aparece en un informe de arraigo opcional en casos concretos, pero que, pese a tratarse de una vía excepcional, si las personas regularizadas ya trabajan en Catalunya "no hace falta que acrediten ningún conocimiento de la lengua", señalan en un comunicado este viernes.
También han lamentado que se ha modificado el decreto de forma que excluye el catalán como requisito a la hora de adquirir la residencia y que ni los trámites de renovación ni la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están disponibles en catalán.
"El Gobierno español, una vez más, ha optado por un decreto ley que no se ha podido ni enmendar ni votar en el Congreso y externaliza todos los problemas hacia los ayuntamientos, que se encuentran desbordados, sin financiación y capacidad administrativa para abordar este proceso con garantías", han apuntado los posconvergentes.
Ha criticado que el Govern del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció que quería hacer del catalán un requisito para renovar la residencia al cabo de un año en la regularización extraordinaria aprobada esta semana, pero esta condición no figura en el texto de la normativa publicada en el BOE.
"Una vez más, el Govern de Salvador Illa ha engañado a los catalanes y vuelve a demostrar que la existencia de una conselleria de Política Lingüística es sólo pura fachada y que acuerdos como el Pacte Nacional per la Llengua son papel mojado", han apuntado.
Ante esta situación, el grupo llevará a todas las cámaras donde tiene representación una serie de iniciativas para intentar "corregir" estos hechos.
Entre ellas, ha encargado al departamento jurídico del partido que prepare la presentación de una denuncia ante las instituciones europeas por la "vulneración de diversas directivas y la marginación de una lengua cooficial como criterio de integración".
