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El PP considera que es «patente» que el Ministerio de Exteriores está desarrollando «una conducta pasiva y obstruccionista» dirigida a la «desobediencia efectiva» de la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto para los nacionalizados con la llamada 'ley de nietos'. Además, advierte a autoridades o funcionarios que no cumplir con lo ordenado por el alto tribunal puede acarrear multas y penas de cárcel de seis a 24 meses.
Así se recoge en el burofax, al que ha tenido acceso Europa Press, que el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dirigido a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez, en el que le requiere formalmente que «con carácter inmediato y urgente» dé un cumplimiento «real y efectivo» a lo dispuesto en los autos del Tribunal Supremo con fecha de 10 de septiembre y 12 de octubre sobre la 'ley de nietos'.
Este martes, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ya denunció que el Gobierno lleva más de un mes sin enviar a la Oficina del Censo «ni un solo dato», pese a los dos autos de los magistrados, y le exigió que cumpla «de inmediato lo que ha ordenado el Supremo». «Advertimos de que en caso de incumplimiento vamos a exigir todas y digo todas las responsabilidades de quien corresponda, también las penales», avisó.
En su burofax, el PP señala que la «conducta pasiva y obstruccionista» del Gobierno «puede conllevar responsabilidad penales personales» de la directora de Españoles en el Exterior y de «sus superiores jerárquicos», como el ministro José Manuel Albares, que «pudieran haber ordenado o alentado esta conducta» de la directora general e «incluso de los inferiores jerárquicos» que «estuvieran colaborando en esta desobediencia».
De hecho, recalca que el artículo 118 de la Constitución dispone que es obligado cumplir las resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
Según añade, las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Supremo en la 'ley de nietos' son ejecutables desde su notificación y han sido confirmadas al desestimarse el único recurso interpuesto contra ellas. Y avisa que transcurridos los plazos para el cumplimiento, el tribunal podrá «imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado» y «deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».
En el orden penal, prosigue el PP, también hay castigo a las autoridades o funcionarios públicos que se negaran a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales. También añade que la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) tipifica la conducta de los funcionarios que incumplan «las normas legalmente establecidas para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral», que fija en penas de «seis meses a dos años de prisión y multa de seis a veinticuatro meses».
Por todo ello, el PP requiere formalmente a la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares para que, «con carácter inmediato y urgente, realice todas las actuaciones que sean de su competencia para dar cumplimiento real y efectivo a lo dispuesto por los autos del Tribunal Supremo».
En primer lugar, le pide que remita a la Oficina del Censo Electoral la información necesaria para practicar el desglose respecto de la totalidad de las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que adquirieron la nacionalidad española por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, «distinguiendo los expedientes que procedan de la directa aplicación de los supuestos de exilio y los iniciados y aprobados al amparo de la instrucción posterior».
En segundo lugar, reclama que ordene a los encargados de los registros consulares la expedición de las certificaciones acreditativas de la condición de descendiente de exiliado, «referidas al 1 de agosto de 2026 y sin aplicación de la presunción de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, respecto de las personas que la hayan acreditado, y para que comunique a la Oficina del Censo Electoral, antes del inicio del envío de la documentación electoral, la relación de las certificaciones expedidas».
En tercer lugar, le solicita que ordene a los encargados de los registros consulares que han tramitado expedientes de nacionalidad «la publicación en el tablón de anuncios de cada oficina consular de la parte dispositiva» del auto de 12 de octubre del Supremo, «con la advertencia que el propio auto ordena», y «acredite la fecha en que dicha publicación se ha practicado en cada una de ellas».
El PP afirma que las actuaciones requeridas «deberán haberse realizado» y comunicarse por escrito «antes del día 23 de octubre de 2026». Según añade, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General impone a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral el envío de oficio de la documentación electoral a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes a partir del 24 de octubre.
«Si en esa fecha la Oficina del Censo Electoral no dispone de los datos que solo esa Dirección General puede proporcionarle, la documentación será remitida indistintamente a los 163.020 electores cuyos efectos electorales están suspendidos, y el incumplimiento de las medidas cautelares devendrá irreparable para las elecciones de 29 de noviembre de 2026», expresa.
El PP insiste en que «la pasividad, resistencia, excusa u obstrucción de las autoridades y funcionarios» puede dar lugar a «su responsabilidad personal, incluyendo la criminal, la cual exigirá el Partido Popular ante los órganos e instancias competentes».
Este miércoles, un día después de que el PP enviara este burofax, el ministro Albares ha pedido al PP que deje de «acosar» y «amedrentar» a los cónsules y al personal del Servicio Exterior, asegurando que está haciendo el «ridículo» con su amenaza de llevarles ante la justicia. A su entender, lo que busca es «tapar» sus propuestas electorales, como el recorte de las pensiones.
En declaraciones en 'TVE', recogidas por Europa Press, Albares ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir al señalar que los consulados no estaban cumpliendo con la exigencia del Supremo de verificar quiénes obtuvieron la nacionalidad en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática y descienden de exiliados para que puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre.
