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La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparecerá este martes ante la comisión mixta encargada de las relaciones con este organismo fiscalizador para explicar el informe sobre la «situación financiera crítica» a la que se enfrenta Casa Árabe y que ha provocado en los últimos meses un choque entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, por un lado, y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, por otro.
Dicho informe abarca los ejercicios 2023 y 2024, durante los que estuvo al frente de esta entidad Irene Lozano, ex diputada por el PSOE y quien ayudó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a elaborar su 'Manual de Resistencia', y en él el Tribunal de Cuentas concluye que «la entidad se encuentra en una situación financiera crítica que afecta a su viabilidad, debido a los déficits anuales continuados y a las importantes deficiencias del inmueble de Madrid, lo que obliga a adoptar medidas urgentes para solventarlo».
Asimismo, el documento, consultado por Europa Press, detalla que se han producido resultados negativos recurrentes, cercanos al millón de euros anual, con gastos de gestión ordinaria de 3,2 millones de euros en 2023 y 3,3 millones de euros en 2024, que han sido compensados mediante el uso del remanente de tesorería.
Y alerta de que teniendo en cuenta las «importantes deficiencias en las cubiertas, tejado, humedades y sistema de climatización» que presenta su sede en Madrid, sita en las Escuelas Aguirre, «si se hubiera de afrontar alguno de los gastos urgentes por dichas deficiencias, el remanente se agotaría en 2026».
Chicano tendrá ocasión ahora de explicar las conclusiones del mismo y responder a las preguntas que le quieran formular los diputados y senadores que integran la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que se reunirán el martes por la tarde en la sede del Senado.
Tras conocerse el contenido del informe, la Comunidad de Madrid, que forma parte del consorcio público de la Casa Árabe junto con Exteriores y el Ayuntamiento de Madrid, así como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, donde hay una segunda sede, anunció su salida del mismo.
En su carta de notificación, la Comunidad de Madrid sostuvo que en los últimos años había observado «con preocupación» una «serie de dinámicas» que consideraban «incompatibles» con los principios que «deben prevalecer en toda entidad pública» y esgrimió que el informe del Tribunal de Cuentas «viene a confirmar» las dudas del Ejecutivo autonómico sobre la gestión con Irene Lozano al frente, con «decisiones y actuaciones que han repercutido negativamente en la credibilidad de la institución».
En estas circunstancias, Irene Lozano emitió un comunicado para negar tajantemente que se le pueda reprochar ninguna «traza de corrupción» en su gestión como directora general de Casa Árabe, cargo que dejó en febrero de 2025, y se mostró dispuesta a acudir a los tribunales a defender su reputación de ser necesario.
Asimismo, la también exdiputada socialista denunció que la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de salir de Casa Árabe era «una decisión política» y que el «déficit» por el que lo justificaba era «estructural desde el año 2012 y tiene su origen en los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, tras la crisis financiera y económica».
Pese a la polémica suscitada, el Ayuntamiento de Madrid decidió entonces permanecer en el consorcio, aunque dijo que se mantendrían «vigilantes», para volver a poner el foco en Casa Árabe el pasado mes de junio, cuando el alcalde, José Luis Martínez Almeida, anunció que querían recuperar el edificio que alberga la sede.
El Ayuntamiento de la capital dio hasta el 1 de septiembre a Exteriores para abandonar las Escuelas Aguirre, esgrimiendo como motivo el mal estado de conversación del edificio pero aduciendo igualmente la gestión realizada durante la etapa de Irene Lozano.
Durante el mes de julio se produjeron algunos contactos para intentar resolver la situación, incluso con una llamada entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el propio Almeida, pero no se consiguió solventar las desavenencias.
Así las cosas, Almeida acusó el mismo 1 de septiembre a Exteriores de «ocupación ilegal» de Casa Árabe, al no haber procedido a abandonar el edificio, acusación de la que se defendió el departamento que dirige Albares.
Un mes después, se mantiene el impás. El Ayuntamiento de la capital ha denunciado que Exteriores se niega a convocar el Consejo Rector que permitiría abordar la cuestión mientras que el Ministerio esgrime que Madrid solo puede retirar su contribución al consorcio, que es precisamente el edificio de Escuelas Aguirre, si se retira otro de los consorciados y aseguran que la salida de la Comunidad de Madrid, aunque anunciada hace meses, sigue sin haberse concretado.
