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Un total de 48 oficinas consulares repartidas en todo el mundo han completado ya total o parcialmente el proceso para verificar quiénes de los nacionalizados en virtud de la llamada 'ley de nietos' son descendientes de exiliados y por tanto tienen derecho a votar en las elecciones del 29 de noviembre, tal y como ha dictaminado el Tribunal Supremo.
Esos son los datos que trasladan a Europa Press desde el Ministerio de Asuntos Exteriores un día después de que su titular, José Manuel Albares, reconociera que será «muy difícil» que los consulados puedan hacer las comprobaciones a tiempo.
De acuerdo con los datos de la Abogacía del Estado, un total de 163.020 nacionalizados en virtud de la citada ley han sido incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Conforme a las medidas cautelares dictadas por el Supremo, solo quienes puedan demostrar documentalmente que descienden de exiliados podrán ejercer su derecho de voto en la próxima cita con las urnas.
Desde el Ministerio, tal y como hizo ayer el propio Albares, han asegurado que «los cónsules y consulados de España están haciendo todo lo que está en su mano y poniendo todos los medios para cumplir las medidas cautelares del Tribunal Supremo».
En este sentido, han precisado que se ha creado una plataforma diplomática específica para volcar los datos a la Oficina del Censo Electoral de quienes fueron nacionalizados antes de 2025, cuando comenzó a funcionar el DICIREG, el Registro Civil digital. Desde entonces, fueron inscritas unas 70.000 personas, cuya información ya está a disposición de la Oficina del Censo, según se informó la semana pasada desde el Ministerio.
Tal y como explicó Albares, se trata de un procedimiento que hay que hacer «manualmente», cotejando la documentación presentada por los solicitantes para poder optar a la nacionalidad en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática. Fuentes de Exteriores han precisado que «48 oficinas consulares han volcado ya total o parcialmente datos» en la citada plataforma.
El ministro también aseguró que tras recibir la notificación de las cautelares dictadas por el Supremo se dieron «instrucciones muy precisas» para que se movilizara a todo el personal necesario, además de suprimir todos los permisos de los cónsules.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella, explica a Europa Press que a los consulados no se les ha dado ningún plazo para cumplir con lo requerido por el Supremo.
Esto ha provocado que en algunos casos se haya interpretado que había que verificar los casos de nacionalizados descendientes de exiliados antes del 19 de octubre, fecha en la que expiraba el plazo previsto para las reclamaciones respecto al Censo Electoral.
Según explica Virella, así lo hizo el cónsul en Rosario (Argentina), quien «organizó a todo su equipo para trabajar incluso el pasado fin de semana», lo que provocó que algunos empleados durmieran incluso en su puesto de trabajo. Este Consulado tenía que procesar 50.000 nacionalizaciones y ha conseguido completar el procedimiento gracias a este esfuerzo, ha precisado.
El presidente de la ADE ha denunciado que en otros consulados hay casos de baja por estrés y ansiedad debido a la sobrecarga de trabajo en los últimos meses —además de procesar las solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos' se sigue con los trámites rutinarios como el registro de nacimientos o matrimonios o la expedición de visados— y ha afeado a Albares que se hayan suspendido los permisos a un personal que está «al borde de la extenuación».
