La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus en las diligencias previas 2476/2024 ha decidido decretar el «sobreseimiento provisional y archivo» de las actuaciones derivadas de las presentadas por el PSOE andaluz y por Podemos contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega, por considerar que «no existen indicios de la perpetración de delito».
Así figura en un auto dictado el pasado jueves 22 de enero por este órgano judicial, adelantado por el diario ABC y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se comunica que «no existen diligencias que resulten relevantes o pertinentes por cuanto serían inútiles en orden a acreditar unos hechos que, en sí mismos carecen de relevancia penal».
En este sentido, el juez rechaza la petición del PSOE-A de recabar un informe pericial de la Intervención General del Estado «por cuanto no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito, y prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no sólo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento».
En el auto, de 23 folios y que puede ser objeto de recurso, el juez argumenta que «la existencia del delito tiene que apoyarse en otros elementos de intenso valor incriminatorio y en este caso no se detectan» más allá de los reparos expresados por la Intervención General de la Junta, que además decidió que «no procedía una propuesta de informe de actuación».
Sobre la prórroga de la contratación de emergencia más allá de la pandemia, el magistrado sostiene que «no puede concluirse que la finalidad fuera elusión de las normas de orden público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria».
De hecho, en su opinión, «no ha existido una actuación arbitraria o caprichosa, ni un injustificado ejercicio de abuso de poder», ya que destaca que «no sólo se emitieron memorias justificativas económicas e informes jurídicos (…), sino que la contratación se desarrolló con todas las empresas hasta entonces contratantes con el SAS, siendo así que no consta empresa o asociación alguna que haya cuestionado la contratación de emergencia efectuada por el SAS, como tampoco perjuicio a la administración ni por exceso de gasto ni por pérdida de fondos europeos».
En la misma línea, el auto añade que «resulta, cuando menos, jurídicamente discutible que la modificación del control previo al control financiero permanente supusiera una minoración de garantías, además de que posibilitó una mayor agilidad y eficacia en la gestión de los recursos públicos en semejante situación de emergencia».
En su opinión, «pudiera discutirse si –estas contrataciones– son o no irregulares, pero lo que, sin duda, no son es groseramente ilegales o dictadas por intereses ajenos a los públicos o generales y con desdén o indiferencia frente a la legalidad», ya que subraya que «resulta, cuando menos, discutible que, en la fecha de las resoluciones de prórroga, no existiera aún una situación de emergencia».
La causa se abrió tras una denuncia interpuesta en septiembre de 2024 por treintena de parlamentarios del PSOE-A contra los dos citados exgerentes del SAS «por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias en los años 2021-2023». La denuncia del PSOE-A, a la que posteriormente se sumó Podemos, cifraba en 242 millones de euros el valor de los contratos cuestionados.
El juzgado de instrucción acordó, el 1 de octubre de 2024, incoar diligencias previas «por la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa». Posteriormente, en noviembre de 2025, los diputados del PSOE-A presentaron una «ampliación de querella» por «posibles irregularidades en la contratación a través de procedimiento de urgencias por el SAS en el año 2024» contra su actual directora gerente del SAS, Valle García.
Además de Valle García y sus dos antecesores en calidad de investigados, en la causa también han comparecido como testigos el exdirector económico del SAS José Antonio Miranda y el exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás el pasado mes de noviembre.
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El auto del juez se produce apenas 48 horas de que el pasado martes 20 de enero comparecieran en calidad de testigos la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente y ex consejera y ex viceconsejera de Salud, Catalina García, y el ex viceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa.
Los gerentes del SAS han justificado en todo momento el mantenimiento de los contratos de emergencia en la necesidad de seguir atendiendo las urgencias asistenciales derivadas de la pandemia y han restado relevancia al cambio de la fiscalización previa al control financiero permanente acordado por el Consejo de Gobierno.
