De «difícil justificación» ha calificado el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, el sobreseimiento de la causa abierta contra el anterior alcalde de la localidad, José M.ª Villalobos, por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la venta de las salas de cines del centro Los Molinos, en Utrera.
Este es un asunto que se llevó a los tribunales en 2020, al comprobar que a un empresario utrerano que había comprado las salas de cine, por la venta al ayuntamiento de estas mismas salas, se le pagaron 230.000 euros más en solo dos meses de diferencia entre ambas operaciones.
Jiménez asegura «no entender, o mejor no encontrar ninguna explicación para que haga solo unos meses la Fiscalía fuera tan contundente pidiendo que se continuase adelante con todo el procedimiento, al igual que los pedía el Tribunal de Cuentas, y que sea la propia Fiscalía la que ahora proporciona la retirada del procedimiento y el sobreseimiento de la causa».
Francisco Jiménez señala que «este inesperado cambio de criterio no demuestra que sea inocente de haber jugado con el dinero de las arcas municipales, Villalobos nunca ha podido explicar por qué pagó 230.000 euros que no debería haber pagado al empresario de los cines y, con el sobreseimiento de esta causa, seguirá sin poderlo explicar».
El primer edil argumenta el cambio del fiscal como «causa para el posible cambio de criterio». Cabe recordar la pregunta retórica de presidente socialista, Pedro Sánchez, que en una entrevista en RNE se dirigió al entrevistador en estos términos: «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?», la respuesta del propio periodista fue que «del Gobierno» y el Presidente Sánchez asintió añadiendo: «Pues ya está».
El asunto de los cines ha ido pasando por distintas fases, llegando a un punto la pasada primavera en el que la defensa del exalcalde solicitó que se archivase la causa, argumentando dilación en la investigación, motivo por el que la jueza decidió derivar la instrucción de la causa a la Audiencia Provincial, que determinó que Villalobos debía ir a juicio por el delito de malversación. Por su parte, la Fiscalía aseveró que no se podía archivar la causa «por la gravedad de los posibles delitos que se detallaban, los cuales suponían un serio menoscabo para los intereses de la ciudadanía».
Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas solicitó que no se archive la causa «a efectos de procurar un mayor esclarecimiento de los hechos y que por la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas se nombre un delegado instructor para que se le lleven a la práctica las actuaciones previstas con relación a las actividades puestas de manifiesto».
Por su parte, la instrucción policial refiere que el anterior máximo responsable municipal ha causado un perjuicio económico a las arcas municipales que asciende a 230.000 euros.
Desde el partido popular se insiste en que «aun nos quedan muchas cosas que ver, porque los políticos que rigen los intereses de nuestro país han decidido terminar una por una con nuestras instituciones en su propio beneficio. Eso es lo que está haciendo el PSOE, lo hizo con el delito de sedición para los políticos catalanes y con la malversación, también para los catalanes junto a los expresidentes de la Junta Chaves, Griñán y de camino se beneficiaban otros socialistas, tenemos de ejemplo a Utrera. En pocos días veremos como se da vía libre a una amnistía que haga que los delincuentes, no solo hayan sido ya perdonados por sus delitos, sino que ahora los delitos sean borrados y sea la Justicia la que haya sido injusta por las condenas del referéndum catalán. Todo lo relacionado con la política y el dinero son asuntos lo suficientemente turbios, en principio, que no es precisamente beneficio para nuestra sociedad, que la Justicia los deje sin resolver» se ha asegurado desde el equipo de gobierno.
