El Espacio Feminista de USTEA y la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical denuncian el uso inadecuado y la falta de control efectivo en la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia Machista por parte de distintas administraciones autonómicas y locales. Ambas organizaciones exigen al Gobierno medidas urgentes para aclarar el destino real de estos recursos públicos, evaluar su impacto y depurar responsabilidades cuando se detecte un uso indebido.
USTEA alerta de que una parte significativa de estos fondos se está destinando a actuaciones que no garantizan un impacto directo y verificable en la prevención, la protección y la reparación de las mujeres víctimas de violencia machista. Organizaciones feministas han documentado más de un centenar de casos en los que los recursos del Pacto financian actividades ajenas a su finalidad, como eventos lúdicos o propuestas sin relación directa con la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Según ha señalado Ana Millán, Secretario del Espacio Feminista de USTEA, “estos fondos no pueden convertirse en una caja sin control para financiar actividades que banalizan la violencia machista. Cada euro del Pacto de Estado debe destinarse a proteger a las mujeres, reforzar los servicios públicos y garantizar una atención especializada y eficaz”.
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La ampliación del Pacto de Estado, que alcanza una dotación de 1.500 millones de euros, hace imprescindible una fiscalización exhaustiva y transparente. Desde USTEA y la Confederación Intersindical se exige la publicación de criterios claros y vinculantes sobre los proyectos financiables, auditorías periódicas, la devolución de los fondos utilizados indebidamente y, cuando proceda, la exigencia de responsabilidades por malversación de caudales públicos.
Las organizaciones firmantes anuncian que impulsarán iniciativas sindicales, sociales y jurídicas para garantizar que el Pacto de Estado cumpla el objetivo para el que fue creado: defender la vida, la seguridad y los derechos de las mujeres, e invitan al movimiento feminista y a la sociedad a vigilar y denunciar cualquier desviación de estos fondos públicos.
