El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio tras conocerse las «graves disfunciones» reveladas en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La institución ha expresado su «consternación y honda preocupación» por los hechos y ha asegurado que su intención es «contribuir a esclarecer las causas, el alcance sanitario y los posibles daños derivados de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en este programa preventivo».
Enfatiza que «es la primera vez» en 30 años de funcionamiento del programa que «nos vemos obligados a iniciar una investigación de carácter general y no restringida a casos individuales —un total de cinco en los últimos años—». Jesús Maeztu considera que «concurren razones suficientes por la alarma social generada, el reconocimiento público de las deficiencias y la necesidad de reparación justa de los posibles daños sufridos».
Así lo ha comunicado el Defensor en una nota de prensa remitida a los medios en la que explica que el «detonante» han sido los testimonios de mujeres afectadas y las manifestaciones públicas de la asociación Amama, unido a la «confirmación» por parte de responsables de la Consejería de Salud de que, «al menos», 2 000 mujeres con resultados «no concluyentes» desconocían su situación al no haberles sido trasladada la información obtenida en sus mamografías de cribado.
En declaraciones a los medios, Maeztu ha manifestado que «me voy a empeñar en el tiempo que me queda» en recuperar derechos que se han «lesionado» y en reparar «daños dolorosos». «Si no abriera esta investigación, me estaría absteniendo de tanto dolor», ha reconocido un Defensor del Pueblo en funciones que ha señalado que está «consternado y muy preocupado». «Probablemente —ha apostillado—, éste es el caso más abultado de intervención» que ha asumido la Defensoría en sus años de existencia.
Jesús Maeztu ha defendido con vehemencia la necesidad de «recuperar la confianza en el programa» del cribado del cáncer de mama. Para ello, con la investigación que ha abierto tras pedir la semana pasada al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la Consejería de Sanidad «todos los datos con carácter urgente y preferente», el Defensor confía en «poner luz» para «rectificar los fallos» que «gracias a dios» se han desvelado.
El Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que el cribado de cáncer de mama, activo desde 1995, realiza cada año alrededor de 450.000 mamografías a mujeres de entre 49 y 71 años. El objetivo del cribado es detectar lesiones en fases iniciales para mejorar el pronóstico, reducir la mortalidad y evitar intervenciones mutilantes. Sin embargo, para Maeztu, «lo ahora conocido pone en entredicho el principio esencial del programa: garantizar la detección precoz ofreciendo información y respuesta sanitaria en tiempo y forma».
La institución califica de «especialmente grave» que las mujeres con hallazgos catalogados como lesiones «dudosas» o no concluyentes «no hayan sido informadas, ni citadas para completar el estudio o realizar seguimiento evolutivo». «Esta situación podría comprometer el derecho a la protección de la salud y vulnerar la normativa sanitaria vigente sobre información clínica», apostilla.
El Defensor del Pueblo andaluz subraya que el derecho de las pacientes a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica está recogido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente. La ausencia de comunicación, además de lesionar derechos, puede suponer «una pérdida de oportunidad asistencial y genera daños evitables».
El Defensor ha solicitado a la Consejería de Salud y al SAS «información precisa» en tres bloques, y un cuarto punto que consistiría en conocer el resultado de la investigación y de la auditoría. En primer lugar, el Defensor del Pueblo Andaluz pide que se aclaren las razones que han llevado a no comunicar determinados resultados del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama.
Quiere saber si esta práctica responde a un protocolo, a instrucciones internas o a otro tipo de criterios; si se aplica en todo el sistema sanitario público o sólo en algunos centros —indicando cuáles—, y cuántas mujeres se han visto afectadas, tanto en número como en porcentaje, ya sea por falsos positivos o por resultados que no se han considerado comunicables.
En segundo lugar, el Defensor requiere datos sobre la atención prestada a las mujeres que obtuvieron resultados dudosos o no concluyentes. Para ello solicita conocer la carga asistencial de los servicios de radiodiagnóstico de los hospitales públicos andaluces, los tiempos de respuesta, el número de profesionales que integran estos servicios —incluidos los radiólogos— y cuántas mujeres están aún pendientes de completar su estudio diagnóstico, tanto las derivadas del propio programa como las que proceden de otros circuitos asistenciales.
El tercer bloque de información se refiere a la gestión y evaluación del propio Programa de Detección Precoz. La institución quiere saber si existen «mecanismos establecidos» para «revisar» sus resultados y procedimientos, con qué periodicidad se han aplicado desde 2022, qué actualizaciones o mejoras se han introducido y en qué aspectos.
El Defensor también solicita el acceso a los informes de evaluación disponibles desde ese año y a los indicadores básicos y complementarios registrados. Además, pregunta por la actividad desarrollada hasta ahora por la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz, si cuenta con una planificación en marcha o si necesita desarrollo normativo para ejercer sus funciones.
Asegura que actuará «desde la independencia y la objetividad» que establece su marco estatutario, con «el propósito de propiciar un análisis neutral, llegar a conclusiones fidedignas y favorecer decisiones justas» que protejan los derechos de las mujeres afectadas y prevengan la repetición de hechos similares.
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