El informe, elaborado a partir de las denuncias de centros educativos, AMPAS, asociaciones y sindicatos, evidencia que, un mes después del inicio del curso, la educación pública andaluza sigue sufriendo graves carencias e incumplimientos por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.
En julio, la Consejería firmó con algunos sindicatos un acuerdo que se presentó como una apuesta para «consolidar un sistema educativo de calidad en Andalucía». Sin embargo, los colectivos denuncian que ninguno de los compromisos anunciados se ha hecho realidad. El documento entregado hoy subraya ese incumplimiento y plantea nuevas demandas urgentes.
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Entre las medidas más destacadas, se reclama un incremento de plantillas que permita aplicar la reducción horaria, bajar las ratios y reforzar la atención a la diversidad. En concreto, se propone la creación de 6 528 nuevos cupos docentes.
A ello se suma la necesidad urgente de incorporar más profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y de acortar los plazos de sustitución de bajas, que actualmente superan las seis semanas, lo que provoca sobrecarga laboral del profesorado y dependencia de las familias para atender al alumnado.
Los colectivos denuncian también que las instrucciones publicadas por la Consejería tras el inicio del curso son ineficaces: al no haberse incrementado las plantillas ni reabierto los horarios, la reducción horaria no se ha aplicado en la mayoría de los centros. En Secundaria, las instrucciones se limitan a repetir la normativa existente y dejan fuera a centros rurales, docentes itinerantes, Escuelas Oficiales de Idiomas y centros de adultos, entre otros.
«Todo esto demuestra la impunidad y el desconocimiento absoluto de la realidad escolar por parte de la Consejería, así como la inoperancia de la actual consejera de Desarrollo Educativo», denuncia el documento.
La situación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) se ha agravado respecto al curso anterior, con supresiones de unidades específicas y fusiones de alumnado de distintas zonas de la provincia de Sevilla. Ante esta realidad, se reclama un aumento de 520 cupos adicionales y limitar a dos centros por profesional de atención a la diversidad, además de ajustar las ratios a la media estatal.
Las AMPAS, sindicatos no firmantes del acuerdo y profesorado exigen medidas inmediatas para garantizar una educación pública andaluza de calidad, inclusiva y bien dotada, y hacen entrega del documento Estado del Sistema Educativo Público Andaluz a los grupos parlamentarios para exigir su implicación en la defensa de la enseñanza pública.
