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El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado en su reunión de este martes, 2 de diciembre, el proyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, que establece «un nuevo marco jurídico que moderniza, ordena y fortalece la política turística andaluza», y que incluye un endurecimiento «notable» de sanciones contra actividades clandestinas o ilegales.
Así lo ha puesto de relieve el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha definido como «valiente y necesaria» esta norma tras cuatro décadas sin una regulación integral en esta materia, según ha puesto de relieve.
El consejero ha defendido además que es una ley «muy ambiciosa» y, «sobre todo, es una norma construida desde el diálogo y la participación efectiva», porque durante su elaboración se han recibido y gestionado «más de 1 700 aportaciones a través de las diferentes mesas sectoriales» conformadas «en todas las provincias».
En esta línea, Arturo Bernal ha aseverado que «este proyecto no nace de un despacho», sino «del sector tras impulsar un proceso participativo real», tras lo que ha apuntado que «un aspecto fundamental» de esta ley es «su regulación específica para combatir la actividad clandestina o ilegal, endureciendo las sanciones de una forma notable».
Así, ha explicado que la cuantía máxima de las «sanciones leves» crece de 2 000 a 10 000 euros, mientras que la de las «graves», que hasta ahora «iban de los 2 000 a los 18 000 euros, ahora» quedan «entre 10 000 y 100 000 euros», de modo que, por ejemplo, «prestar un servicio turístico de forma clandestina» puede suponer una sanción de, «como mínimo, 20.000 euros».
También ha detallado que las infracciones «muy graves», que «antes se calibraban entre 18 000 y 150 000 euros, ahora pasan a ser de entre 100 000 y 600 000 euros», y ha citado como ejemplo de ese tipo de comportamientos el «obstruir una labor inspectora o presentar declaración falsa, incorrecta o inexacta cuando se está haciendo una declaración responsable para la inscripción en un registro de una actividad cualquiera».
El consejero ha apostillado que espera que no haya que «aplicar ninguna» de estas sanciones, que son «para evitar esta actividad ilegal o clandestina que, desde luego, no está siendo capaz de resolver el registro único de viviendas del Estado», que «más bien» se está dedicando a «crear incertidumbre y más problemas», según ha lamentado el consejero.
Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, el proyecto de ley será remitido al Parlamento de Andalucía para su debate final y, si procede, posterior aprobación.
El consejero ha defendido que el texto fija un modelo que «sitúa a las personas en el centro de la acción pública, impulsa la inteligencia de datos como herramienta estructural y consolida la sostenibilidad integral en sus dimensiones social, ambiental, económica y de gobernanza».
También ha subrayado que la ley incorpora «mecanismos que garantizan la convivencia, la hospitalidad, la calidad de vida y la adecuada relación entre residentes y visitantes», así como «refuerza la cogobernanza y define los derechos y obligaciones de todos los agentes del ecosistema turístico».
El proyecto incorpora «la inteligencia turística como elemento vertebrador de la toma de decisiones», así como desde la Junta defienden que el uso de sistemas avanzados de monitorización, análisis y anticipación permite «elevar la competitividad del destino y mejorar la planificación de los recursos turísticos».
Asimismo, la norma otorga «respaldo legal» al trabajo desarrollado en innovación e inteligencia de datos, incluido el sistema ‘Andalucía Nexus’, y tiene entre sus pilares el de la sostenibilidad, de forma que la ley «asegura un desarrollo equilibrado del turismo, protege el entorno y reduce desigualdades territoriales».
Además, la incorporación de nuevas tecnologías y procedimientos «más eficaces garantiza un control más riguroso de la actividad turística ilegal», según se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno, donde se pone de relieve igualmente que el nuevo marco normativo permite «simplificar y ordenar el desarrollo reglamentario vigente».
La ley establece una arquitectura «más eficiente» que reduce de 17 a seis los decretos necesarios, lo que, según la Junta, «facilita la operatividad del sector y mejora la seguridad jurídica».
De igual modo, la ley incorpora «un sistema estable de planificación turística que establece instrumentos homogéneos para todas las administraciones implicadas». Este marco define «estrategias coordinadas, criterios comunes y estructuras de seguimiento que permiten una gestión coherente del destino en el conjunto del territorio andaluz», añaden desde la Junta.
Además, «consolida la colaboración público-privada mediante órganos formales de participación que integran al sector empresarial, profesional y social, con el objetivo de asegurar una visión compartida del futuro turístico de Andalucía».
El texto también regula la calidad de los servicios turísticos con estándares «más exigentes y mecanismos actualizados de clasificación y control». La norma prevé nuevas herramientas para impulsar la profesionalización del sector, el desarrollo de productos de «alto valor añadido» y la «mejora continua de la experiencia del visitante».
Asimismo, introduce «parámetros específicos para el diseño de destinos inteligentes, la accesibilidad universal y la digitalización de la oferta, con el fin de fortalecer la competitividad global del destino Andalucía».
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