Artículo completo
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha interpuesto una querella contra el empresario Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias graves con publicidad, a raíz de las declaraciones que realizó en dos programas de televisión.
Según la querella, en ellas la vinculó con la entrega de un sobre que contendría documentación sobre una presunta financiación irregular del PSOE. Rodríguez ya había pedido en julio un acto de conciliación con Aldama para que se retractara, con la advertencia de que se querellaría si no lo hacía.
Los hechos se refieren a las entrevistas concedidas por Aldama los días 4 y 5 de febrero de 2026 en 'Diario de la Noche', de Telemadrid, y 'Horizonte', emitido en Cuatro y en la plataforma Mediaset Infinity. Según la querella, el empresario habló de un supuesto sobre con el logotipo de la empresa estatal venezolana PDVSA, que contendría documentación sobre hechos que son objeto de una investigación judicial en torno a presuntas irregularidades en la financiación del PSOE, como ha informado el despacho de abogados Baltasar Garzón este lunes.
Rodríguez niega de forma rotunda las afirmaciones de Aldama. Según el escrito, asegura que nunca tuvo conocimiento de la existencia del sobre ni de su contenido y que nunca se lo entregó al empresario.
El sobre ya había sido objeto de la investigación en la Audiencia Nacional. Aldama aportó en marzo al juez que investiga el 'caso Koldo' un sobre que, según afirmó, le habría entregado la propia dirigente venezolana y que tendría información sobre presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. El juez Ismael Moreno le había pedido que lo entregara en la pieza secreta en la que investiga los pagos en metálico del PSOE para reembolsar gastos anticipados.
Aldama se refirió al contenido del sobre por primera vez en su declaración del 29 de enero ante el juez que instruye el 'caso hidrocarburos', también en la Audiencia Nacional. Tras escucharle, la Fiscalía Anticorrupción se interesó por el contenido y el empresario la emplazó a alcanzar un acuerdo antes de profundizar en ese extremo. Ante el magistrado Santiago Pedraz explicó, como investigado, que la información del sobre guarda relación con el sector de los hidrocarburos.
La querella subraya que no existe en el propio sobre ninguna evidencia que identifique a la presidenta como la persona que habría hecho la entrega. Añade que, según la imagen del documento que ha circulado en diversos medios, el sobre habría sido entregado en febrero de 2020 con un sello de recepción estampado por un funcionario, sin que conste el apellido de Aldama, y que este lo habría mantenido oculto hasta 2026.
Asimismo, el despacho de abogados ha explicado que pone el foco en la falta de información sobre la trazabilidad del documento y sobre las circunstancias en que habría permanecido desde su supuesta recepción hasta la difusión de su existencia.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogió que Aldama dejó en custodia de su socio Luis Alberto Escolano «documentación sensible» relativa a PDVSA. Según los investigadores, en una fotografía reenviada por Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre un sellado de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela que «indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020».
La querella recuerda que, desde noviembre de 2024, distintos medios han difundido la existencia del sobre y que su imagen se publica desde 2025. Sostiene que ello, junto con las declaraciones televisivas de Aldama, que vincularon el contenido con supuestas operaciones relacionadas con cupos de petróleo y con una posible utilización irregular de los beneficios de su comercialización, han proyectado sobre la querellante «falsa y públicamente una participación en hechos presuntamente delictivos que no le corresponde». Asimismo, precisa además que Rodríguez no está siendo investigada en el procedimiento judicial al que se aludió en las entrevistas.
Como diligencias probatorias, la querella solicita al órgano judicial que requiera a Telemadrid y a Cuatro las grabaciones íntegras de las entrevistas emitidas los días 4 y 5 de febrero, así como la declaración de Aldama.
Los abogados recuerdan que el delito de injuria castiga «la imputación de hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad», agravada en este caso por su difusión pública en medios de comunicación. La posible pena, por tratarse de injurias con publicidad, correspondería a una multa de entre seis y catorce meses.
