Cuando la prevención falla: el escándalo del cribado de mama en Andalucía y el coste de las políticas privatizadoras

En Andalucía se había hecho de la detección precoz del cáncer de mama un eje de salud pública. Programas que prometían «cuanto antes mejor» se convirtieron en la bandera de la prevención. Sin embargo, lo que ahora emerge —el fallo sistemático en que mujeres no fueron informadas, que sus mamografías dudosas no fueron atendidas como debían— revela algo más que un error técnico: parece un fallo del modelo. Un modelo donde la sanidad pública cada vez le deja un hueco más grande al sector privado, donde los contratos externos proliferan, y donde la fiscalización se debilita.

La historia que vas a leer no sólo habla de omisiones, sino de decisiones políticas. De un tiempo en que la gestión sanitaria en Andalucía fue espoleada por fórmulas de «eficiencia» y «externalización», con promesas —y recortes— que hoy tienen rostros, nombres, hospitalizaciones y, sí, muertes.

El primer elemento que llama la atención es la fecha: abril de 2021. Según AMAMA y los medios que lo han investigado, a partir de ese mes depositarios del programa de detección precoz recibieron instrucciones de no informar a las mujeres cuyos resultados de mamografía se consideraban «dudosos». Abril de 2021 es el hito que parte el relato: a partir de ahí ya no hablamos de fallos, sino de decisiones que cambiaron vidas.

La idea de que un sistema de salud tenga un programa activo de cribado —eso es, revisión periódica para captar precozmente tumores antes de que generen daño— y que, paralelamente, dejó de notificar a miles de mujeres, es alarmante. Porque la detección precoz pierde todo su valor si el seguimiento falla. Y en este caso, el seguimiento falló.

Según los datos públicos más recientes, para el año 2023 la Junta declaró que se habían realizado 368 562 mamografías y se detectaron 1 182 cánceres de mama. Pero esto es sólo la punta del iceberg. Las mujeres afectadas —y que no fueron correctamente informadas— podrían ser muchas más.

La lógica de la prevención sanitaria se basa en tres pilares: detección, comunicación, tratamiento. Cuando la comunicación se quiebra, todo lo demás se tambalea. El hecho de que mujeres hasta hoy empiecen a preguntarse: «¿Y si mi diagnóstico habría sido distinto?» revela que la confianza pública está tocada.

Aquí es donde entra el foco crítico: cómo las políticas de gestión sanitaria, bajo el paraguas del PP andaluz, han ido avanzando hacia la externalización, la subcontratación y, en algunos casos, la derivación de servicios básicos a lo privado.

Un ejemplo: entre 2018 y 2023, según investigación periodística, la Junta derivó a una clínica privada de Granada, la empresa Centro Diagnóstico Granada S.A., la realización de miles de mamografías, justificando la causa en que los equipos públicos estaban «averiados». Esa derivación no se produjo puntualmente, sino durante cinco años, con contratos de urgencia, sin concurrencia competitiva. Cuando un sistema público tiene que recurrir tan prolongadamente a la privada por “averías”, aparece la pregunta: ¿era realmente una avería o era la excusa para externalizar?

Otra pista: La empresa privada que gestionaba el cribado dejó de informar en 2021 a mujeres con mamografías sospechosas. ¿Coincidencia temporal con la instrucción interna de no informar? Difícilmente.

El efecto es doble: por un lado se debilita el control público sobre servicios esenciales; por otro, se diluye la responsabilidad, porque cuando interviene un actor privado, la trazabilidad es más complicada. Y en este caso ya se denuncian borrados de historiales, modificaciones de pruebas, etc.

Detrás de lo institucional están las mujeres que esperaban —y que siguen esperando—. Algunas sufrieron largos retrasos en el diagnóstico; otras desconocían que tenían una mamografía dudosa y no fueron citadas. La asociación AMAMA afirma que hay «varias mujeres muertas» como consecuencia de ese retraso. ¿Cuántas exactamente? Esa cifra aún no se define públicamente, sobre todo por prudencia: no se conoce la dimensión real del problema, lo que es un terrible antecedente. Pero el hecho de que se diga «varias» ya marca un antes y un después.

Las manifestaciones han sido multitudinarias: en Sevilla, decenas de miles salieron a la calle para denunciar lo que calificaron de «hundimiento de la sanidad pública». Y en medio de ese hervidero, la política intentando contener el daño, la Junta admitiendo 2 000 mujeres afectadas.

Pero incluso esa cifra es polémica: AMAMA lo ha elevado hasta las «20 000 mujeres» potencialmente afectadas. Es decir: la brecha entre lo oficial y lo que en la calle se sospecha es gigantesca.

Cuando ya la indignación social está encima, emergen otros elementos que agrandan la herida. Se ha denunciado que mamografías de la misma paciente aparecían con distinta información, se denuncian modificaciones o desaparición de pruebas. Hay actuaciones de la Fiscalía que investigan la desaparición y modificación de historiales médicos en la plataforma ClicSalud.

Y cuando el sistema falla, lo primero que se pierde es la confianza. Si una mujer acude a una revisión, se hace una mamografía, y luego no recibe información, o recibe información errónea, ¿cuánto confía en que el sistema le está protegiendo? Esa fractura es profunda.

¿Quién paga por todo este dolor? El PP en Andalucía, gobernando la Junta, se encuentra con su gestión sanitaria bajo lupa. El PSOE y otros partidos de la oposición han acusado al PP de «negligente y privatizador», con otros escándalos judicializados, como los contratos troceados del SAS, investigados en varios juzgados, denunciados por Podemos. La consejera de Salud (la tercera en apenas unos años) presentó su dimisión, en medio del escándalo y la presión pública, aunque los partidos de la oposición argumentan que no fue una dimisión, sino un cese encubierto. Pero la pregunta central sigue en el aire: ¿quién va a asumir la responsabilidad política y económica de todo esto?

El planteamiento político es que el modelo de gestión sanitario adoptado por el PP andaluz favorece la derivación a la privada, la externalización de funciones esenciales, y la reducción de la capacidad de la sanidad pública para controlar y responder. Si la detección precoz falla, es porque el sistema se debilitó. Esa es la tesis central del escándalo.

Esto tiene dos impactos principales, interrelacionados:

Impacto en la salud pública

Cuando un programa de cribado falla, las consecuencias son graves: cánceres que podrían detectarse antes se detectan tarde; tratamientos que debieran ser más sencillos se vuelven más complejos; la tasa de sobrevida se reduce. Se rompe el consenso de que «cuando nos sometemos a estos programas, estamos seguros». Y el efecto se difunde: pacientes de otros cánceres también empiezan a dudar.

Impacto en la sanidad pública

Un sistema sanitario público fuerte depende de recursos, personal y gestión eficaz. Pero cuando se recortan esos elementos, o se externalizan sin garantizar supervisión, la calidad cae. Aquí la sanidad pública andaluza queda marcada: ha sido obligada a derivar pruebas a la privada, ha tenido averías justificadas para derivaciones, etc. Eso no es solo un fallo técnico; es un fallo estructural. Y cuando la sanidad pública se debilita, toda la ciudadanía lo paga.

El gobierno liderado por Juan Manuel Moreno ha defendido una «vía andaluza», un estilo autonómico de gestión que prometía mayor eficiencia, mayor control, buenas relaciones con empresas y ciudadanía. Pero a medida que avanza este escándalo, la «vía andaluza» se resquebraja. Analistas como Javier Aroca lo han señalado directamente.

¿La razón? Porque el cruce entre política sanitaria y negocio privado exige transparencia, control y priorizar la salud pública. Si falla uno solo de esos ejes, el conjunto se desequilibra y lo que uno observa, sin idealizar nada, es que cuando servicios básicos se externalizan, se crean zonas grises:

• Los contratos pueden estar diseñados para «eficiencia (económica)» pero menos para «calidad pública».
• La supervisión pública se debilita; los mecanismos de auditoría se vuelven difusos.
• El incentivo de la empresa privada es distinto al del sistema público (beneficio vs. cobertura universal).
• Cuando la gestión y el seguimiento dependen de operadores privados, la rendición de cuentas se diluye.

En Andalucía, todo esto aparece: empresas privadas gestionando parte del cribado, mamografías realizadas fuera del sistema público, decisiones que deben ser tomadas por gestores sanitarios públicos pero que se pierden entre convenios, contratos y subcontrataciones.

Podemos señalar varios elementos de vulnerabilidad en el sistema andaluz de salud, elementos que han sido indispensables para llegar al punto en el que nos encontramos:

• Recortes y subinversión: Cuando los recursos públicos se reducen (personal, equipos, tecnologías), aparece la necesidad de buscar soluciones externas. Una “avería” prolongada del equipo de un hospital público se convierte en excusa para subcontratar Mamografías.
• Falta de transparencia: La sorpresa de que se dieran instrucciones verbales («no informar») y que no se notificara adecuadamente a las mujeres afecta la confianza institucional.
• Débil fiscalización: La detección tardía de que los historiales estaban siendo modificados o borrados es un síntoma de que el control no era robusto.
• Política de privatización como norma: La política sistemática de derivar a lo privado sin reforzar lo público.
• Centralización de servicios sin adecuada supervisión local: Las decisiones parecían venir desde arriba y ejecutarse sin suficiente supervisión local o especializada.

• Mujeres que podrían tener una mejor oportunidad de recuperación han tenido retrasos en diagnóstico. Eso, en salud, significa literal diferencia entre vida y muerte.
• El sistema público sufre un golpe de confianza: si una usuaria siente que el sistema no la protegió, ¿volverá a confiar?
• Políticamente, el escándalo abre una crisis de gestión sanitaria: protestas, salidas de altos cargos, demandas.
• Económicamente, habrá reclamaciones patrimoniales a la Junta, lo que implica que lo barato (externalizar, recortar) puede acabar siendo muy caro.
• A nivel estructural, podría haber un efecto dominó: si el programa de cribado de mama falla, otros programas pueden estar igual de vulnerables; empezamos a ver testimonios de motores de otros cribados afectados.

La Junta ha anunciado un plan de inversión de más de 101 millones de euros para reforzar los programas de cribado, contratar más de 700 profesionales, modernizar la tecnología e intensificar la comunicación con pacientes. Eso es una buena noticia, sí, pero… llega con retraso, y no responde completamente a las preguntas de fondo:

• ¿Cómo y por qué se permitió que miles de mujeres no fueran correctamente informadas?
• ¿Cuántas se verán afectadas en su salud para siempre?
• ¿Qué responsabilidades políticas o legales se asumen?
• ¿Se ha auditado realmente el modelo de externalización para evitar que vuelva a ocurrir?

Si sólo se refuerza sin cambiar el modelo, la raíz del problema queda intacta.

Este escándalo es síntoma de algo mayor: una sanidad pública que, en Andalucía, está bajo tensión. No es sólo el programa de mama. Es que derivación a lo privado, externalización, recortes, falta de personal… Todo converge. Si la sanidad pública se ve debilitada, el acceso universal y gratuito se ve amenazado: lo que antes era un derecho acumulado ahora puede convertirse en una suerte de «lo que quede». Y eso es un cambio profundo.

El PP, al asumir la Junta de Andalucía, promovió un modelo de gestión sanitaria que apostó por la eficiencia de mercado, la colaboración público-privada, la reducción de costes… En teoría legítimo. En la práctica, cuando ese modelo se combina con recortes, se reduce la universalidad y la calidad.

Porque no es lo mismo externalizar servicios complementarios que externalizar funciones esenciales sin reforzar lo público. En este caso, el cribado de cáncer de mama no es un lujo: es un servicio esencial. Cuando la detección precoz se deja en un punto vulnerable, se rompe ese contrato social que la sanidad pública establece.

Las organizaciones profesionales, sindicatos, pacientes y demás colectivos demandan una lista de ítems que consideran indispensable:

• Transparencia total sobre el número de mujeres afectadas (oficiales y estimadas), y seguimiento de su salud.
• Auditoría de todos los contratos de externalización de la Junta en materia de salud: quién, cuándo, por qué.
• Reforzamiento del sistema público de detección: más personal, mejor tecnología, seguimiento garantizado.
• Cambio de modelo: no basta con inyección de recursos, hay que modificar el modelo que permitió la falla.
• Responsabilidad política y administrativa: que no queden solo anuncios, sino actuaciones concretas y sancionables.

A pesar de todo, hay espacio para esperanza. Andalucía tiene historia de defensora de la sanidad pública, de lucha colectiva. El reclamo social que se ha visto demuestra que la ciudadanía no acepta que la salud sea una mercancía. El momento es para que este escándalo se convierta en punto de inflexión: no «volver a la normalidad» (que resultó problemática) sino avanzar hacia una sanidad verdaderamente pública, fuerte, vigilada, con el ciudadano al centro.

El escándalo del cribado de cáncer de mama en Andalucía no es solo una falla técnica. Es una grieta en el edificio de la sanidad pública. Es el vértice donde se encuentran recortes, externalizaciones, falta de control, decisiones políticas y vidas suspendidas en la espera de una llamada que nunca llegó. En última instancia, es una llamada de atención: si descuidamos lo básico —la información, el seguimiento, la prevención— lo que construimos como sistema se hace trizas.

Y ahora nos toca ver si, después de la conmoción, vendrá la reparación real. Porque la salud pública de la comunidad requiere algo más que promesas.