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La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 14 años de prisión al cuidador de un centro residencia que agredió sexualmente a una usuaria de «gran dependencia», que contaba con un 76 por ciento de discapacidad, quien en el momento de los hechos era incapaz de otorgar consentimiento a una relación sexual.
El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso de apelación, impone además al trabajador 18 años de alejamiento e incomunicación con la víctima, 20 años de inhabilitación para trabajar con menores y diez años de libertad vigilada, además del pago de 60.000 euros de indemnización por la que, de forma subsidiaria, condena a la mercantil Aspapros y, de forma directa, a su aseguradora.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 13,30 horas del 26 de enero de 2024, cuando el acusado se encontraba en la habitación de una residente con una gran dependencia quien se disponía a echar la siesta y que, en el momento de los hechos, tenía sus facultades «totalmente anuladas».
Así, el acusado se aprovechó de su condición de cuidador y de la especial vulnerabilidad del la víctima para acercarse a la mujer y agredirla sexualmente en la cama de la habitación; hecho que quedó constatado tras la exploración medica a la que fue sometida la usuaria.
Además del informe médico-forense, que confirmó las lesiones recientes que presentaba la mujer como consecuencia del ataque, el tribunal de la Sección Segunda de Almería también tuvo en cuenta el testimonio «coherente, serio, firme y plenamente convincente» de otra trabajadora, que presenció los hechos a través del cristal de la puerta de la habitación.
Asimismo, se analizaron restos biológicos hallados en el cubrecolchón de la cama de la víctima así como en su ropa interior que revelaron un perfil genético y espermatozoides del procesado, toda vez que las cámaras del sistema de videovigilancia acreditaron la coincidencia cronológica y espacial en los desplazamientos del procesado por el centro.
El tribunal, de otro lado, rechazó que en el momento de los hechos el acusado presentara algún tipo de alteración psíquica por la epilepsia crónica que padecía que le impidiera comprender el alcance y la gravedad de sus hechos.
El hombre ingresó en prisión provisional a raíz de su detención tras estos hechos que fueron reconocidos por la asociación, desde la que se lamentó lo sucedido y se activaron los protocolos de denuncia y protección de las víctimas.
En este sentido, desde Aspapros se aseguró que se puso «desde el primer momento» a disposición de las autoridades sanitarias, policiales y legales para colaborar «de forma activa» en la investigación judicial al tiempo que dispuso el despido del trabajador.
