Con motivo del Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos —COAG— de Andalucía, ha denunciado la hipocresía de la Unión Europea respecto a la normativa de seguridad alimentaria que, según Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, no está garantizada en Europa debido a la falta de control de las importaciones de terceros países.
Según explica Miguel López, «están entrando en el mercado europeo alimentos importados de terceros países con clorpirifós, un insecticida que aquí está prohibido porque provoca cáncer de mama».
Desde el pasado mes de enero, y resultado tan solo de los controles aleatorios que se realizan a un mínimo porcentaje de la mercancía importada, se han notificado 199 alertas sanitarias por clorpirifós en el RASFF (Rapid Alert System Feed and Food). Mientras que desde 2020, año en que se prohibió esta sustancia en Europa, las alertas por clorpirifós ascienden a 827.
Falta de transparencia y atentado contra la salud pública
Hay que destacar que algunos de estos alimentos contaminados se pudieron retirar a tiempo, según la mínima información que ofrece el RASFF. Sin embargo, otros se habían liberado antes de que se obtuvieran los resultados de las analíticas, es decir, llegaron al mercado y fueron consumidos, «un hecho muy grave del que no aporta información suficiente y clara, y que responde una vez más a la falta de transparencia que la UE mantiene sobre este asunto, que es un atentado contra la salud pública».
Esto es lo que pasó recientemente en España con una partida de aceitunas importadas de Marruecos. Según publicó el portal especializado Hortoinfo, el RASFF, mediante su notificación número 2023.6060 del 5 de septiembre, alertó sobre la distribución en España de aceitunas importadas de Marruecos con un alto nivel de clorpirifós. A estas aceitunas se les realizó, el pasado 18 de agosto, un control fronterizo, siendo liberado el envío para su distribución, sin esperar los resultados de la analítica que, finalmente, demostraron una presencia del insecticida clorpirifos en una proporción de 0,067 mg/kg-ppm, cuando su Límite Máximo de Residuos (LMR) está fijado en 0.01 mg/kg – ppm, el mínimo detectable en laboratorio al ser una sustancia que no está autorizada, lo que ha sido calificado como un hecho grave.
«Estas aceitunas, que sólo son un ejemplo de lo que está ocurriendo con la connivencia de las autoridades —comenta López—, fueron al mercado y han sido consumidas. ¡Y son perjudiciales para la salud! Estamos hablando de un insecticida organofosforado, con un amplio grado de control y alto poder de penetración, que el 6 de diciembre de 2019 fue prohibido por la Comunidad Europea totalmente por su peligrosidad».
En este sentido, existen estudios de las facultades de Farmacia y Bioquímica y de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con científicos de la Universidad Nacional de Comahue (Argentina), que han comprobado que la exposición a bajas dosis de clorpirifos (CPF) produce cáncer de mama.
Ante esta situación, que se sigue produciendo de manera constante, aunque no trasciende para evitar la alarma social, el responsable agrario afirma que mientras la UE no tenga una frontera única y una política aduanera común, con un reglamento estricto, riguroso, que penalice y que controle todos los puertos europeos, seguirán entrando en el mercado europeo productos alimentarios con exceso de sustancias perjudiciales para la salud que en Europa están prohibidas.
«Y de toda esta situación —comenta López— salen beneficiados unos pocos, por lo que además de atentar contra la salud pública permitiendo la entrada de productos con veneno, la UE beneficia a la especulación, a las grandes multinacionales que compran a precio muy barato en países donde, en muchos casos, las sustancias peligrosas para la salud están permitidas y donde no se respetan los derechos laborales, para venderlos en Europa a precio europeo, y haciendo la competencia desleal a los agricultores y ganaderos de aquí, que sí cumplen con las normas y cultivan productos de calidad y saludables».
«Esto es un escándalo, que no paramos de denunciar, y que tiene que llegar al conocimiento de la opinión pública. Ojo, que nos están envenenando para que algunos se enriquezcan. Y hay que decirlo así de claro: la Unión Europea lo está permitiendo», concluye Miguel López.
