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El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha felicitado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por la operación conjunta, en colaboración con Europol, que ha permitido desarticular una red multinacional de tráfico de seres humanos y de drogas. La intervención ha supuesto 78 detenciones, 77 de ellas en España, de las que una se ha practicado en Sevilla.
El balance de la intervención imputa al menos 64 episodios migratorios a través de los cuales se atribuye a la organización la introducción de más de 2.000 migrantes obteniendo unos beneficios superiores a los 24 millones de euros, según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota. El Ministerio de Interior ha informado del «elevado nivel de violencia» de esta red, que trasladaba a personas hasta las costas de Almería, Murcia, Cartagena, Alicante e Ibiza con embarcaciones de alta velocidad.
Toscano ha señalado la «enorme importancia» de esta operación en la que han participado más de 180 agentes de la Policía y Guardia Civil, con colaboración de las policías de Francia, Portugal y Polonia, así como de la agencia europea de cooperación policial Europol. El Ministerio del Interior ha subrayado al respecto que la intervenida «es una de las estructuras delincuenciales transnacionales más compleja, activa y peligrosa detectada hasta la fecha en el Mediterráneo» en relación al tráfico de seres humanos.
«Detrás de estas cifras hay personas que eran utilizadas como un negocio, eran trasladadas en embarcaciones de alta velocidad, hacinadas, muchas veces sin chaleco salvavidas y poniendo seriamente en riesgo sus vidas», ha indicado el subdelegado del Gobierno en Sevilla.
Toscano ha indicado que esta operación «demuestra la capacidad y profesionalidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y demuestra también que la cooperación entre países es fundamental para combatir unas organizaciones criminales que no conocen de fronteras».
Por último, el representante del Ejecutivo en la provincia de Sevilla ha reiterado el compromiso del Gobierno de España y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con «todas las formas de criminalidad y especialmente aquellas que atentan contra los más vulnerables».
