El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha cerrado definitivamente la batalla judicial del Ayuntamiento de Guillena sobre su política urbanística. La Sala Especial de lo Contencioso-Administrativo, en resolución del pasado 18 de marzo, ha inadmitido a trámite el recurso de casación autonómico interpuesto por la Gerencia de Urbanismo del Consistorio al considerar que el recurso carece de interés casacional objetivo. La providencia no admite recurso alguno: la partida ha terminado.
El concejal de Podemos Guillena, Emilio Salguero ha exigido que el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, «comparezca ante la ciudadanía y explique cómo se ha llegado hasta aquí, qué medidas concretas va a adoptar y si está dispuesto a asumir las responsabilidades políticas que le corresponden. No puede refugiarse en la tecnicidad jurídica del asunto: él es quien ha dirigido este Ayuntamiento durante todos los años en que esta situación se ha ido enquistando. Exigimos igualmente medidas respecto al concejal responsable del área de Urbanismo, cuya gestión ha conducido al municipio a este punto».
La resolución del TSJA confirma sin fisuras la sentencia de 13 de octubre de 2023 que decretó la nulidad de la Delimitación de Suelo Urbano (DSU) aprobada por el Ayuntamiento en 2020. La consecuencia es tan concreta como grave: hoy en día, el régimen urbanístico válido en Guillena es el que estaba vigente en 1992. Todo el crecimiento del municipio en las últimas tres décadas carece de cobertura jurídica sólida. No es una metáfora: Guillena, urbanísticamente, vuelve a estar en 1992.
Emilio Salguero lo resume así: «El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha inadmitido el recurso del Ayuntamiento de Guillena y ha dejado firme una sentencia que nos retrotrae urbanísticamente a 1992. No es una exageración política: es el efecto jurídico real y literal de esta resolución. Hoy, el municipio de Guillena tiene el mismo régimen de suelo que tenía hace 34 años».
Usar un instrumento menor para hacer lo que requería un Plan General
La providencia deja al descubierto con toda claridad la maniobra del equipo de gobierno. El Ayuntamiento intentó argumentar que la DSU era una simple adaptación de la delimitación existente, un instrumento de menor rango que no requería los controles de un Plan General. El TSJA no lo acepta y la propia sentencia de fondo, ahora firme, fue explícita: una DSU que amplía su superficie de manera tan significativa —el perito reconoció ante el tribunal que comprendía un suelo urbano mucho más amplio que en 1992, dejando fuera de ordenación la mayor parte del crecimiento reciente— deja de ser una delimitación y se convierte en un plan general encubierto.
En pocas palabras: el Ayuntamiento utilizó un artefacto legal mínimo para hacer, por la puerta trasera, lo que solo podía hacerse con un Plan General de Ordenación Urbana con evaluación ambiental estratégica, información pública y participación ciudadana. No es la primera vez que la justicia detecta este patrón en Guillena. El TSJA ya advirtió en sentencias anteriores que el Ayuntamiento creaba artificialmente una apariencia de legalidad para sostener decisiones urbanísticas que no tenían amparo jurídico real.
«Esta no es la primera vez. El TSJA lleva años advirtiéndole al equipo de gobierno que no puede legalizar por la vía menor lo que solo puede hacerse con un Plan General, con participación ciudadana y evaluación ambiental. Y una y otra vez el PSOE de Guillena ha ignorado esos avisos, y una y otra vez los tribunales le han dado la razón a quienes denunciaban sus irregularidades. Mientras tanto, los vecinos han pagado la factura» afirma Salguero, dado que, para rematar, el Tribunal condena al Ayuntamiento —es decir, a las vecinas y vecinos de Guillena— al pago de las costas procesales, fijadas en 1 500 euros. Es una cantidad tasada, pero el coste real de esta política urbanística para el municipio es incalculable: años de inseguridad jurídica, licencias concedidas al amparo de una normativa que los tribunales han ido anulando una y otra vez, propietarios en situaciones de indefinición, recursos públicos gastados en una defensa judicial que siempre acabó perdiéndose.
El Plan General en tramitación, directamente amenazado
La consecuencia más grave puede estar aún por llegar. El Ayuntamiento lleva años tramitando un nuevo Plan General de Ordenación Municipal, actualmente en fase de prediagnóstico. Podemos Guillena advierte que ese proceso sigue los mismos criterios jurídicos y la misma lógica de clasificación de suelos que el TSJA acaba de confirmar que son nulos. Si el equipo de gobierno no rectifica de inmediato su planteamiento, la tramitación del PGOM puede quedar viciada de origen, condenando al municipio a otro ciclo de recursos, sentencias y paralizaciones. Guillena no puede permitirse más décadas perdidas.
«El urbanismo de Guillena no puede seguir siendo un campo de experimentación donde el equipo de gobierno ensaya fórmulas, las ve tumbadas por los tribunales y vuelve a empezar. Lo que necesita este municipio es un Plan General serio, con garantías jurídicas reales, con participación de la ciudadanía, con evaluación ambiental. Y lo necesita ya» ha asegurado Salguero.
