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El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado de «corrupción política» el modelo de financiación autonómica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante con los votos de Canarias y Cataluña y ha acusado a la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, de «traición histórica» a Andalucía por ponerse «al lado de Pedro Sánchez» con una propuesta de financiación que es una «profunda injusticia».
En una entrevista en Canal Sur televisión recogida por Europa Press, Sanz ha llamado la atención sobre el hecho de que el modelo de financiación haya sido rechazado por comunidades gobernadas por el PSOE, como Asturias y Castilla La Mancha. «Ya será malo el sistema», ha remarcado el vicepresidente primero, que ha arremetido contra el hecho de que «un andaluz reciba menos que un catalán».
La financiación autonómica no es la única «traición» del Gobierno de España. A juicio de Sanz, la «crisis de Estado» desatada en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio ha generado una «sensación de descontrol» entre los españoles. El vicepresidente primero y consejero ha lamentado el «abandono» que sufren los ceutíes por parte del Gobierno de España y la «falta de voluntad de solucionar el problema», fruto, según Antonio Sanz, de la «demagogia irresponsable en materia de inmigración que estamos pagando muy caro». Igualmente, ha insistido en que el Gobierno de España «ha mentido» a los españoles y «se ha ido de vacaciones» en medio de una crisis de seguridad nacional.
Sobre sanidad, el consejero ha reiterado su voluntad de pactar con los sindicatos un acuerdo de legislatura para dotar de estabilidad a los profesionales y de aprobar tanto una Ley de Garantía del sistema público como una Ley contra agresiones a sanitarios, en la que se endurecerán las multas. Ha lamentado la «indecencia» del Gobierno de España de no querer financiar medicamentos para enfermedades raras —como la piel de mariposa— y ha exigido que «rectifique», así como ha acusado a la ministra Mónica García de no sentarse con los profesionales para evitar una huelga que ha costado a los andaluces 250 millones de euros y más de un millón y medio de actos médicos suspendidos.
