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La diputada del PSOE en el Parlamento de Andalucía por Sevilla, Verónica Pérez, ha afeado la situación de «auténtico calvario» que están viviendo las familias inquilinas de las 102 viviendas protegidas de Alberto Jiménez Becerril, en Sevilla, después de que el edificio haya sido vendido a un fondo de inversión sin que los vecinos hayan recibido información ni comunicación previa sobre la operación y ante la «pasividad» de la Junta y Ayuntamiento.
Según ha detallado la formación en una nota de prensa, después de que Pérez haya mantenido una reunión con una representación de los vecinos afectados, junto al concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Nacho González, para conocer de primera mano la incertidumbre que viven las familias y trasladarles el compromiso del PSOE con la defensa de su derecho a una vivienda digna, la diputada autonómica ha criticado la «absoluta pasividad» del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía ante una situación que «ya está teniendo consecuencias directas para las familias afectadas».
En este sentido, la socialista ha expresado que los vecinos «se han encontrado de la noche a la mañana con que sus viviendas han pasado a manos de un fondo buitre, sin información, sin transparencia y sin el respaldo de las administraciones que deberían protegerlos».
Asimismo, ha explicado que los primeros contratos de alquiler que han llegado a renovación incorporan incrementos de entre el 40 y el 60 por ciento en las rentas mensuales, unas subidas que considera «inasumibles para muchas familias y un ejemplo más de cómo la especulación está expulsando a los vecinos de sus hogares». «Lo más grave es que estas subidas no podrían aplicarse si Moreno Bonilla hubiera decidido poner en marcha la Ley Estatal de Vivienda en Andalucía», ha añadido.
Al hilo, ha lamentado que el Partido Popular «vuelve a situarse del lado de los especuladores en lugar de defender a las familias andaluzas», a la vez que ha señalado que es la Junta la administración competente en materia de vivienda, aunque «renuncie a utilizar las herramientas que ofrece la legislación para proteger a los inquilinos frente a prácticas abusivas», mientras el Ayuntamiento de Sevilla «permanece impasible ante un problema que afecta a decenas de familias de la ciudad».
La diputada del Parlamento de Andalucía por Sevilla ha exigido a la Junta de Andalucía que «deje de dar la espalda a las familias», aplique la Ley Estatal de Vivienda y adopte las medidas necesarias para proteger a los inquilinos afectados por esta operación.
