Podemos acusa a la junta de provocar un ERE encubierto en educación

La diputada y secretaria institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha denunciado públicamente que «la Junta ha provocado un ERE encubierto con la expulsión de miles de docentes y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la educación pública andaluza».

Según las cifras que maneja Podemos, se trata de la pérdida de más de 3 000 puestos de trabajo en la educación pública andaluza. Únicamente en primaria hay una merma de 547 docentes menos, más otros 140 puestos de trabajo menos de primaria bilingüe. A estas cifras se suman 384 docentes menos en Infantil, 326 menos en Educación Física o 120  menos en Pedagogía Terapéutica. «Cómo veníamos advirtiendo desde el curso pasado, las oposiciones al cuerpo de docentes estaban mal diseñadas y no daba respuesta a las necesidades del sistema educativo andaluz», ha señalado Durán en una nota de prensa.

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La diputada ha revelado además que «la Junta en lugar de asegurar la estabilidad laboral exigida por la Unión Europea para el personal docente en abuso de temporalidad ha optado por bajar la tasa de interinidad echando a docentes de sus puestos de trabajo, algunos de los cuales con diez años o más de actividad docente». En este sentido, Durán ha afirmado que «estamos en condiciones de asegurar que este nuevo curso escolar que se inicia contará con menos docentes en todas las especialidades».

Asimismo, Durán ha criticado duramente el descenso de plazas docentes para atender a los alumnos y alumnas con necesidades especiales: «Ha quedado de manifiesto con los números que manejamos, que no se da respuesta a las necesidades del alumnado, especialmente a ese alumnado con necesidades especiales específicas, a los que de nuevo se les olvida y discrimina».

Por todo ello, Durán va a exigir explicaciones en sede parlamentaria. «La señora Castillo tendrá que aclarar cómo quiere afrontar el inicio del curso escolar con 3 000 docentes menos», ha aseverado la diputada morada.

Durán ha advertido de que «el incumplimiento de la sentencia europea sobre temporalidad acarrea un problema económico y social porque tengamos en cuenta también que las sanciones que nos pone Bruselas se pagan con los impuestos de los ciudadanos, un coste que recae sobre las arcas públicas».

Finalmente, ha subrayado que «esta situación se podría haber evitado si se hubiera atendido a las advertencias que hicimos en su momento porque lo que ha ocurrido se debe a que las plazas ofertadas, lejos de ser de nueva creación, corresponden únicamente a plazas de reposición que el personal interino ha venido cubriendo año tras año».

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