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La Asociación de Mujeres 'La Volaera' de Granada ha exigido a la Universidad de Granada (UGR) que «revise» sus convenios internacionales y que «garantice la seguridad de las estudiantes». La comunicación se produce tras haberse conocido este lunes el asesinato de una joven estudiante de la UGR de 21 años de un programa de movilidad de la UGR que se encontraba en la ciudad de Cuautla (Morelos), en un suceso que la Fiscalía del estado mexicano investiga bajo el protocolo de feminicidio.
'La Volaera' señala en su un comunicado que la internacionalización universitaria es una herramienta de conocimiento, formación e intercambio que valoran, para a continuación señalar que la UGR «debe garantizar que cualquier movilidad internacional se desarrolle con criterios rigurosos de seguridad, prevención y protección, incorporando una perspectiva específica sobre los riesgos que afrontan las mujeres».
«No responsabilizamos en absoluto a la víctima. La responsabilidad de una agresión o de un asesinato corresponde a quien lo comete. Nuestra exigencia se dirige a las instituciones: deben anticipar riesgos, informar, prevenir y proteger», argumentan.
La Asociación de Mujeres 'La Volaera' cuestiona si se están evaluando suficientemente los riesgos específicos para las estudiantes antes de firmar, renovar o mantener convenios con universidades «situadas en contextos donde la violencia contra las mujeres constituye un riesgo grave».
Así, y tras expresar su solidaridad con la familia, compañeras y comunidad universitaria, el colectivo de mujeres propone a la UGR seis medidas: Revisar los convenios internacionales que impliquen movilidad de estudiantes hacia contextos de especial riesgo; incorporar evaluaciones específicas de riesgo para las mujeres y con perspectiva de género antes de firmar o renovar acuerdos; y garantizar información clara, suficiente y actualizada para que las estudiantes conozcan los riesgos del destino.
Además, 'La Volaera' pide a la instutición académica que establezca protocolos específicos de prevención, protección, asistencia y acompañamiento durante toda la estancia; que se revisen las medidas de seguridad de los convenios actualmente vigentes y se hagan públicos los criterios utilizados; y que se reconsidere, suspenda o no se renueven aquellos acuerdos para los que no existan garantías suficientes de protección de los derechos y la integridad de las estudiantes.
«La vigilancia institucional también es prevención. Una universidad comprometida con la igualdad no puede limitarse a reaccionar después de una tragedia: debe analizar los riesgos antes, establecer mecanismos de protección y actuar cuando las condiciones no ofrecen garantías suficientes», concluye la asociación.
