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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este viernes en Córdoba que «España no puede, ni debe perder el tren» de la industria de defensa, al considerar que se trata de un sector «estratégico» en un contexto global marcado por las nuevas demandas de la Unión Europea (UE) y la necesidad de contar con «un punto de anclaje» industrial en el país.
Así lo ha manifestado Álvarez durante su visita al Foro Indudef, organizado por UGT FICA en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de la capital cordobesa. El líder sindical ha felicitado a la Federación de Industria del sindicato por la organización del congreso y ha destacado que demuestra cómo la organización «piensa en el empleo de calidad» en un momento de «gran importancia» para respaldar las oportunidades industriales del país.
En este sentido, Álvarez ha subrayado el papel clave del Estado para corregir desequilibrios territoriales a través del sector de la defensa, al señalar que, siendo el principal consumidor, «puede indicar hacia dónde conviene que vaya esta industria». Además, ha enfatizado que la defensa es «una de las cuestiones más importantes para vertebrar la Unión Europea» y avanzar en su integración, en un escenario donde «los países del Norte están muy preocupados» y los del Sur deben estar «preparados».
El dirigente de UGT, quien ha estado acompañado por el secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, ha argumentado además que este impulso europeo se hace necesario en un momento geopolítico en el que, «por decisión del presidente Trump», Estados Unidos está dejando a Europa «en una situación difícil», lo que obliga al conjunto del continente a «hacer frente a esas nuevas demandas estratégicas de su ciudadanía».
Por último, Pepe Álvarez ha agradecido la presencia este viernes en el acto de clausura del Foro Indudef de Su Majestad el Rey, un hecho que ha calificado de «histórico», al no haberse producido en los 138 años de historia del sindicato. Álvarez lo ha encuadrado como un acto de «normalidad constitucional y democrática», que supone el reconocimiento mutuo del papel de la Corona y de la labor asignada a las organizaciones sindicales por la Constitución.
