La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha abierto una nueva convocatoria de ayudas al alquiler dirigidas a personas vulnerables a través de entidades del Tercer Sector.
El delegado territorial de la Consejería en Jaén, Miguel Contreras, ha señalado el compromiso del Gobierno andaluz «a la hora de facilitar una solución habitacional a personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad».
Así lo ha destacado en su visita a la sede de la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Andalucía en Alcalá la Real (Jaén), una de las entidades beneficiarias de estas ayudas en la anterior convocatoria.
Junto a Afammer-Jimena, la Asociación ONGD Poblado Mundo y la Asociación Asperger-TEA Jaén, Fomento ha destinado en la anterior convocatoria cerca de 35.000 euros en esta línea dirigida a financiar la renta o el precio de cesión establecido a estas entidades del Tercer Sector que, como ha explicado Contreras, «destinan viviendas u otro tipo de alojamiento a personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata o explotación sexual, personas objeto de desahucio, personas sin hogar y, en definitiva, personas vulnerables».
El delegado territorial ha alabado «el trabajo colaborativo entre la Junta y estas entidades para favorecer una Red de Viviendas en Andalucía, la RED-Vivan, gestionadas por estos colectivos, que ofrecen una oportunidad para muchos jiennenses».
Desde el pasado 30 de abril permanece activa la nueva convocatoria de estas ayudas enmarcadas en el programa Plan Vive en Andalucía para facilitar una solución habitacional a personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad.
El delegado territorial ha animado a las entidades que faciliten este tipo de recursos en la provincia a que concurran a la nueva convocatoria de estas ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, dotadas con 2,2 millones de euros.
El perfil de las entidades en las anteriores convocatorias ha sido muy diverso, ya que se encuentran desde entidades especializadas en el trabajo con personas sin hogar o que han sido objeto de desahucio de su vivienda habitual, hasta entidades que atienden a víctimas de violencia de género o víctimas de trata con fines de explotación sexual. También se recogen entidades de perfil religioso que trabajan con colectivos especialmente vulnerables.
