La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y Giahsa han aplaudido que la Justicia «haya avalado de manera rotunda» la incorporación del municipio de Cartaya a la MAS, realizada en julio de 2024, declarando que el acuerdo «se adoptó conforme a derecho, dentro de la más estricta legalidad y siguiendo escrupulosamente el procedimiento establecido».
Según ha indicado la mancomunidad en nota de prensa, así lo recoge la Sentencia nº 88/2026, dictada el pasado 22 de abril de 2026 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Huelva, que «desestima íntegramente» el recurso presentado por Juan Antonio García, en nombre y representación del Ayuntamiento de Bonares (PSOE), contra el acuerdo del Pleno de la MAS que aprobó la adhesión voluntaria de Cartaya.
Durante meses, García, como portavoz socialista de la Mancomunidad, ha sostenido en plenos que la incorporación de Cartaya «respondía a un supuesto interés político y que se había realizado de forma ilegal», por lo que, a juicio de la mancomunidad, la sentencia «desmonta uno a uno esos argumentos, dejando claro que se trataba de afirmaciones carentes de respaldo jurídico».
En este sentido, Mas-Giahsa ha señalado que la sentencia «avala expresamente» que la incorporación de Cartaya pueda realizarse para el servicio de abastecimiento de agua en alta, «descartando que fuera obligatorio incorporar la totalidad del ciclo integral del agua, como defendía el recurso presentado». Asimismo, el fallo «reconoce que la normativa vigente permite la gestión supramunicipal del servicio y que los Estatutos de la MAS no impiden la adhesión parcial de municipios, validando también que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Cartaya fue correcto».
«La resolución concluye de forma clara que el acuerdo adoptado por la MAS es plenamente ajustado a derecho. Desde la Mancomunidad y Giahsa se valora este fallo como un respaldo inequívoco al trabajo realizado, a la seguridad jurídica del modelo de gestión supramunicipal del agua y a la defensa del interés general, así como una desautorización de las acusaciones de ilegalidad vertidas por el alcalde de Bonares, que quedan ahora sin fundamento jurídico», ha finalizado la entidad.
