Un millar de actuaciones ejecutadas entre 2020 y 2024 se han quedado sin revisión de precios, según la patronal CEACOP. El sector advierte del riesgo de cierre de empresas y prepara centenares de denuncias.
Más de una veintena de empresas constructoras, agrupadas en la Confederación de Empresarios Andaluces de la Construcción y Obra Pública (CEACOP), han alzado la voz contra la Junta de Andalucía, a la que acusan de adeudar más de 20 millones de euros por obras ya ejecutadas en centros educativos de toda la comunidad. Según sus estimaciones, la situación afecta a unas 1 000 actuaciones realizadas entre 2020 y 2024, muchas de ellas aún sin la revisión de precios comprometida.
El conflicto se centra en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que, según denuncian las constructoras, incumple su propia normativa al negarse a aplicar el sistema extraordinario de revisión de precios habilitado tras la subida de costes provocada por la pandemia, la crisis energética y la inflación.
Empresas al límite y denuncias en camino
Los datos aportados por CEACOP indican que el 21% de las empresas afectadas son de Sevilla, seguidas de Málaga (18%), Córdoba y Jaén (15% cada una), Almería (13%), Granada (8%), Huelva (7%) y Cádiz (3%). Algunas constructoras reclaman entre 2 y 3 millones de euros por proyectos ya finalizados, mientras que en la mayoría de casos las deudas oscilan entre 1 y 1,5 millones. Varias de estas empresas advierten de que podrían verse abocadas al cierre o al concurso de acreedores si no se resuelve la situación.
Ante la falta de respuesta administrativa, el sector prepara una oleada de demandas judiciales sin precedentes, con alrededor de 1 000 expedientes pendientes de resolución que podrían desembocar en una litigiosidad masiva.
La Junta lo niega: «No existen impagos»
La Consejería de Desarrollo Educativo, dirigida por Carmen Castillo, ha negado la existencia de impagos. Asegura que actualmente se está realizando un «proceso de análisis» sobre la aplicación de las revisiones de precios en contratos incluidos en el Acuerdo Marco de Obras, tras las objeciones planteadas por la Intervención General de la Junta.
Desde la Consejería indican que la mayoría de estas actuaciones están cofinanciadas por fondos europeos y que el proceso es «complejo», pero insisten en que la ejecución presupuestaria supera el 98% y que la Agencia Pública de Educación es «la primera interesada en pagar y certificar».
Críticas al cambio de criterio y falta de respuesta
Sin embargo, CEACOP denuncia una falta de transparencia en este proceso. Afirman que llevan solicitando una reunión con la nueva consejera desde julio de 2024 —la última, con carácter urgente, hace más de un mes— sin haber obtenido fecha. Desde junio de 2023, aseguran, los expedientes están paralizados y no reciben respuestas formales.
Lo más grave, según la patronal, es que la Junta ha modificado su criterio administrativo sin justificarlo, lo que contradice su propia normativa y afecta a obras ya terminadas. «Es inaudito que se redacte una normativa clara, con instrucciones precisas, y de pronto se desdiga sin aportar explicaciones ni documentos oficiales», lamenta Arturo Coloma, gerente de CEACOP.
Además, denuncian que instrucciones previamente publicadas por la Agencia Pública de Educación han sido retiradas de la web, lo que incrementa la incertidumbre jurídica y alimenta el malestar en el sector.
Revisión paralizada desde hace un año
El problema se remonta a junio de 2023, cuando se interrumpió la tramitación de los expedientes de revisión de precios previstos en el decreto extraordinario de 2022. En julio de 2024, según CEACOP, la Consejería comunicó verbalmente su intención de dejar de aplicar las revisiones acordadas, basándose en un informe interno que no ha sido compartido con las empresas afectadas.
El nuevo criterio excluye del derecho a revisión a las obras adjudicadas tras marzo de 2023, y podría incluso provocar reclamaciones administrativas sobre obras ya certificadas, lo que contraviene las normas vigentes y genera inseguridad legal.
El futuro en el aire: ¿más obras sin garantías?
La publicación de un nuevo acuerdo marco para el periodo 2025-2028, con una inversión prevista de 200 millones de euros y más de 1.000 actuaciones en centros educativos, ha disparado las alarmas en el sector. Las empresas temen que, si no se resuelven los conflictos del periodo anterior, este nuevo plan vuelva a generar deudas y tensiones similares.
Además de las consecuencias económicas, los contratistas destacan la complejidad técnica y organizativa de estas obras: pequeñas actuaciones repartidas por toda Andalucía, con gran variabilidad, y que deben compatibilizarse con el calendario escolar. Sin un sistema claro, justo y operativo, advierten de que será inviable ejecutar el nuevo plan de inversiones.
Conclusión
El conflicto entre la Junta y las constructoras amenaza con judicializarse a gran escala, mientras más de mil proyectos educativos ejecutados siguen pendientes de revisión de precios. El sector pide una respuesta urgente que dé certidumbre a las empresas y permita garantizar la continuidad de las obras públicas en los centros educativos andaluces.
