La coordinadora provincial de IU en Almería, María Jesús Amate, ha reclamado este jueves la «máxima celeridad» en la instrucción del caso Mascarillas, que investiga el supuesto amaño de contratos para el cobro de comisiones en la Diputación de Almería, tras haberse suspendido la declaración del exvicepresidente segundo Fernando Giménez por la indisposición de su abogado defensor.
«Desde nuestra formación política esperamos que todo se instruya de la forma más diligente y con la máxima rapidez posible», ha manifestado Amate, quien ha lamentado el aplazamiento de la que había quedado fijada como la primera declaración prevista entre los 43 investigados que figuran en la causa.
Para la dirigente de IU existe un «riesgo de bloqueo en los tribunales». «Lo que más nos preocupa es que este caso se dilate en el tiempo como desgraciadamente ya ocurrió con el caso Poniente», ha advertido en relación a la trama política y empresarial vinculada al Ayuntamiento de El Ejido cuya instrucción se prolongó durante nueve años.
A juicio de la coordinadora, la suspensión de este jueves «confirma los peores temores de la organización» puesto que «desde el primer minuto» los propios implicados «van a intentar retrasar las comparecencias para que los almerienses no conozcamos la verdad», según ha interpretado.
No obstante, confía en que los «retrasos iniciales no impidan levantar las alfombras de la institución provincial tras años de sospechas». «Esperamos que por fin sepamos la verdad de lo que ha estado ocurriendo en la Diputación Provincial a lo largo de estos años», ha añadido.
Desde la organización han incidido en que «mantienen su personación en la causa penal» como una herramienta «indispensable» para «fiscalizar el uso del dinero público en la provincia».
«Nosotros estamos personados en este caso porque queremos que se aclare hasta el último detalle, que se rindan responsabilidades políticas y penales, y también que se devuelva todo lo robado o supuestamente sustraído a los almerienses», ha defendido Amate.
Para la coordinadora provincial, la sociedad almeriense es «la principal perjudicada por una trama de enriquecimiento ilícito protagonizada por personas que, presuntamente, utilizaban sus cargos en la Diputación Provincial y sus responsabilidades en empresas para beneficio propio».
