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Izquierda Unida (IU) ha pedido al Gobierno central que «refuerce» las medidas de prevención, protección y gestión frente al riesgo de terremotos, ante «la elevada exposición sísmica de una parte significativa del territorio español y la necesidad de adaptar la normativa vigente a los estándares europeos».
El grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados ha registrado una iniciativa parlamentaria, en la que el diputado andaluz del grupo, Francisco Sierra, ha señalado que España «se encuentra en una zona de importante actividad tectónica, debido a la confluencia de la Dorsal Media del Atlántico y a la zona de fricción entre las placas africana y euroasiática».
«Una parte considerable del territorio peninsular presenta un riesgo elevado o muy elevado de terremotos, debido tanto a la aproximación de las placas tectónicas como a la existencia de fallas y a las características geológicas del terreno», ha afirmado.
Por su parte, la coordinadora de Izquierda Unida en Granada, Mari Carmen Pérez ha asegurado que los efectos de esta actividad sísmica «no son una hipótesis lejana». «El terremoto de Lorca de 2011 provocó nueve personas fallecidas, 324 heridas y cuantiosos daños materiales. Asimismo, durante este mes de agosto, Granada ha registrado dos terremotos y numerosas réplicas que han ocasionado daños en edificios y bienes materiales, aunque, por el momento, no se han producido víctimas civiles», ha recordado.
La coalición «considera necesario» que el Gobierno «acometa una actualización» de la normativa española en materia de construcción sismorresistente y avance hacia la aplicación de los Eurocódigos, las normas europeas de referencia para el diseño estructural y geotécnico.
«España mantiene actualmente una normativa sismorresistente con más de dos décadas de antigüedad, la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE) de 2002, mientras que la mayoría de los países europeos han adoptado los Eurocódigos como marco de referencia para sus proyectos de construcción», ha afirmado Sierra.
En este sentido, IU ha reseñado que en 2016 la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes «aprobó por unanimidad» una nueva norma sísmica, la NCSR- 16, que remitía directamente al Eurocódigo 8. Sin embargo, la formación considera que «es necesario dar un paso definitivo y garantizar la aplicación directa y global de las normas europeas en España».
Desde la formación han destacado que los Eurocódigos «establecen criterios destinados a garantizar un elevado nivel de seguridad de las estructuras y contemplan también procedimientos para adaptar infraestructuras existentes que no cumplen los requisitos, sin que ello implique necesariamente su demolición».
Asimismo, Francisco Sierra ha asegurado que esta reivindicación «cuenta con un amplio respaldo del ámbito profesional y académico». En mayo de 2023, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil publicó el documento 'Por una normativa sísmica coherente y segura', suscrito por 17 asociaciones del sector, 24 empresas de ingeniería, 60 autoridades académicas y 112 profesionales.
Según ha defendido el diputado este documento «reclamaba al Gobierno la aprobación de un Real Decreto que permitiera utilizar los Eurocódigos de manera directa y global, equiparando la normativa aplicada en España a la del resto de Europa».
Para la diputada provincial y coordinadora de Izquierda Unida en Granada, «la prevención debe situarse en el centro de las políticas públicas frente al riesgo sísmico, especialmente cuando está en juego la seguridad de las personas y de infraestructuras esenciales».
Por ello, la formación ha planteado al Gobierno la necesidad de «conocer sus planes para actualizar la normativa y sus políticas de previsión, prevención y gestión de los efectos materiales y humanos derivados de los movimientos tectónicos».
Desde IU Granada han pedido al ejecutivo central saber si el gobierno «tiene previsto aprobar un Real Decreto que permita la aplicación directa y global de los Eurocódigos en España, con el objetivo de reforzar la protección de los edificios y las infraestructuras y, especialmente, garantizar la protección de la vida de las personas frente al riesgo de terremotos».
Asimismo, le ha cuestionado sobre «qué política de previsión, prevención y gestión de los efectos materiales y humanos derivados de los movimientos tectónicos está desarrollando o tiene previsto desarrollar».
«La prevención y la adaptación de las infraestructuras son herramientas fundamentales para reducir el impacto de los terremotos. Por eso reclamamos al Gobierno que actúe antes de que una nueva emergencia sísmica vuelva a poner de manifiesto las consecuencias de una normativa y unas políticas de prevención insuficientes.», ha concluido Mari Carmen Pérez.
