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IU ha presentado una moción en la Diputación Provincial de Granada para reclamar la protección ambiental, económica y social de la Sierra de la Contraviesa ante las infraestructuras eléctricas proyectadas en la zona.
La iniciativa, firmada por la diputada provincial Mari Carmen Pérez, solicita una revisión ambiental integral de los proyectos, garantías para las personas afectadas por las expropiaciones y medidas que permitan compatibilizar la transición energética con la conservación del territorio.
La formación advierte de que la Sierra de la Contraviesa constituye un espacio de gran valor ambiental, paisajístico, cultural y patrimonial para la Alpujarra granadina.
En este sentido, destaca la importancia de enclaves como el alcornocal de la Haza del Lino, cuya conservación resulta fundamental para proteger la biodiversidad, los ecosistemas y el patrimonio natural de la comarca.
Mari Carmen Pérez defiende que la transición energética debe avanzar con garantías ambientales y sociales, sin dejar al margen a las poblaciones que viven en los territorios afectados.
«La transición energética es necesaria, pero no puede convertirse en una excusa para intervenir en nuestro territorio sin evaluar rigurosamente las consecuencias ambientales, económicas y sociales de cada proyecto», señala.
La moción insta a la Junta de Andalucía y a los demás organismos competentes a revisar la documentación ambiental de las infraestructuras previstas y reclama que valoren la adopción de medidas cautelares, incluida la suspensión temporal de aquellas obras que pudieran ocasionar daños ambientales significativos, siempre que concurran los requisitos legales necesarios y hasta que se aclaren las dudas relevantes sobre su evaluación y sus efectos.
Otro de los ejes de la iniciativa es la defensa de las personas propietarias, agricultoras, residentes y titulares de explotaciones afectadas por las expropiaciones y ocupaciones de terrenos en municipios como Albondón, Murtas, Cádiar, Albuñol, Sorvilán y Torvizcón.
La formación reclama que se garantice el acceso a la información, a apoyo administrativo y judicial efectivo y el abono de las indemnizaciones que correspondan legalmente, además de estudiar las posibles afecciones a viviendas, fincas y actividades económicas.
«No se puede hablar de transición justa si las personas que viven y trabajan en la Contraviesa no cuentan con información suficiente ni con garantías para defender sus derechos. La protección del territorio debe ir acompañada del respeto a quienes lo habitan y lo mantienen vivo», subraya Pérez.
La iniciativa presta especial atención a la protección de la biodiversidad y a la prevención de incendios forestales además de la situación de indefensión de los propietarios de los terrenos.
Para ello, solicita que se evalúen los riesgos que las infraestructuras eléctricas pueden representar para la vegetación, la fauna, los corredores ecológicos y la propagación del fuego, especialmente en los alcornocales y en los espacios de mayor valor ambiental.
Frente a un modelo de desarrollo basado exclusivamente en grandes infraestructuras energéticas, Izquierda Unida propone impulsar un plan de desarrollo económico sostenible para la Sierra de la Contraviesa.
La propuesta contempla medidas para favorecer el empleo estable, fijar población y fortalecer el tejido empresarial local mediante iniciativas vinculadas a la bioeconomía forestal, la economía social, el ecoturismo, la agricultura sostenible y la restauración de los ecosistemas.
