El grupo provincial de Izquierda Unida en Granada ha participado activamente y mostrado su apoyo a la movilización que este pasado martes ha protagonizado un grupo de vecinos de la localidad de Valderrubio en la que han criticado "el deterioro sistemático del consultorio médico local" y han exigir al delegado territorial y a la Consejería "la recuperación íntegra de la asistencia sanitaria presencial durante los cinco días de la semana".
Desde IU han señalado en un comunicado que en Valderrubio se está sometiendo a la población "a una situación de "precariedad": "Los ciudadanos sufren la eliminación de la asistencia médica presencial los miércoles y los viernes, un recorte drástico que está provocando demoras inaceptables de más de diez días para conseguir una cita con el médico de familia", aseguran.
En el manifiesto vecinal respaldado por IU durante la protesta, han criticado que estas medidas "responden a una política de 'desmantelamiento por goteo', dejando a la población local en una situación de extrema vulnerabilidad ante urgencias, infecciones o crisis respiratorias".
La coordinadora provincial de IU en Granada y coportavoz de Por Andalucía, Mari Carmen Pérez, ha asegurado: "La Junta de Andalucía pretende que nos acostumbremos al colapso y a la precariedad de nuestra Atención Primaria. Nos hablan de reestructuración, pero lo que realmente están haciendo es jugar al ajedrez con las vidas de nuestros vecinos, quitando médicos de los pueblos para tapar parches y deficiencias en otros lugares".
"La salud es un derecho universal y un pilar fundamental de nuestro estado del bienestar. La enfermedad no tiene horario de oficina ni entiende de días de la semana, y no vamos a permitir que un burócrata desde un despacho decida que los habitantes de Valderrubio son ciudadanos de segunda", ha añadido.
La coalición señala que esta grave problemática no es nueva y que la exigencia de restitución inmediata de la asistencia sanitaria ya ha sido elevada por su grupo parlamentario al Parlamento Andaluz.
IU también rechaza categóricamente las justificaciones de la Junta basadas en una supuesta "falta de profesionales", y considera que la verdadera causa es "la precarización de los contratos que expulsa a los sanitarios del sistema público andaluz".
