El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado la apertura de diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Maracena contra quien fuera alcalde del municipio entre junio de 2023 y abril de 2024, Julio Pérez (PP).
La denuncia, impulsada por el actual gobierno local (PSOE, IU y Maracena Conecta), apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Le acusan de haber ordenado presuntamente la contratación de los servicios de una empresa especializada en la elaboración de informes económicos y patrimoniales sobre diversas personas y entidades.
Entre ellas figuraban presuntamente "miembros de la oposición municipal, personas sin relación con expedientes administrativos del Ayuntamiento e incluso empresas vinculadas a integrantes de su propio partido político".
Los informes técnicos incorporados al caso sostienen que esas consultas se realizaron "sin que conste procedimiento administrativo alguno, sin expediente que justificara su necesidad y sin registro oficial que acreditara una finalidad pública", señala el consistorio en una nota.
Además, los propios servicios municipales habrían confirmado que "ninguna de las áreas consultadas solicitó ni recibió dichos informes, lo que refuerza la sospecha de que se actuó al margen de la actividad ordinaria del Ayuntamiento, apropiándose presuntamente de dichos informes para usos diferentes del público".
El portavoz del PSOE en el equipo de Gobierno, Antonio García Leiva, considera que los hechos descritos reflejan "un patrón especialmente grave de utilización de instrumentos de la administración para recabar información sobre adversarios políticos, empleando para ello dinero público y recursos institucionales".
En la misma línea, ha recordado que el propio exalcalde "admitió en pleno que estaba investigándonos porque decía que era su obligación como alcalde, arrogándose competencias judiciales".
La denuncia también pone el foco en la presunta contratación directa de una letrada externa para personar al Ayuntamiento en procedimientos judiciales contra la oposición, una actuación que, según afirman, "se habría realizado sin seguir los requisitos legales exigidos para que una administración pública pueda ejercer acciones judiciales".
En concreto, se señala que el entonces alcalde presuntamente habría "firmado personalmente una hoja de encargo profesional con unos honorarios iniciales de 10.000 euros más IVA, prescindiendo del procedimiento de contratación pública y sin contar con el dictamen jurídico previo exigido por la normativa de régimen local y por el propio acuerdo plenario".
A juicio de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, los hechos denunciados podrían encajar en delitos de prevaricación administrativa, por la presunta adopción de resoluciones arbitrarias, y de malversación de caudales públicos, por el supuesto destino de fondos municipales a fines ajenos al interés general.
