El Ayuntamiento de Granada ha señalado este lunes que continúa avanzando en la ejecución de la sentencia firme del TSJA relativa al Pabellón Mulhacén mediante el impulso de nuevas actuaciones dirigidas al restablecimiento de la legalidad urbanística.
Tras remitir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la propuesta técnica elaborada por el Área de Urbanismo para el cumplimiento de la resolución judicial, el Consistorio ha iniciado el expediente de restauración de la legalidad urbanística frente a Fontdeis S.L., empresa concesionaria del complejo.
El procedimiento tiene por objeto analizar las actuaciones urbanísticas ejecutadas en la parcela que, de acuerdo con los informes técnicos municipales, se realizaron sin la autorización urbanística correspondiente o no resultan legalizables conforme a la normativa vigente.
En concreto, el expediente afecta a distintos cerramientos mediante cristaleras en los soportales de varios establecimientos, pérgolas y otros elementos que forman parte del procedimiento de restauración de la legalidad urbanística iniciado por el Ayuntamiento.
Previamente a la tramitación del expediente administrativo, el Ayuntamiento trasladó al TSJA una propuesta técnica que plantea una nueva ordenación urbanística del conjunto como vía para ejecutar la sentencia.
En cuanto al procedimiento de restauración de la legalidad urbanística, Fontdeis S.L. ha solicitado acceder a la documentación del expediente y ampliar el plazo para formular alegaciones, petición que será analizada por los servicios técnicos y jurídicos municipales antes de continuar la tramitación del procedimiento.
Paralelamente, y para hacer efectiva la solución urbanística planteada, será necesaria la redacción de un nuevo Estudio de Detalle, cuya contratación se encuentra actualmente en tramitación en el Área de Contratación del Ayuntamiento.
El concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha destacado que «el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir las resoluciones judiciales y también la responsabilidad de hacerlo con el máximo rigor técnico, pleno respeto a la legalidad y defendiendo el interés general y los recursos públicos».
«Por ello estamos impulsando todas las actuaciones necesarias, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo, para ejecutar la sentencia con todas las garantías y avanzar en el restablecimiento de la legalidad urbanística», ha concluido.
