El Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada) aborda este sábado en pleno extraordinario el expediente para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló en 2023 el acuerdo por el que se otorgaron mayores retribuciones al concejal no adscrito Juan Antonio Yeguas.
El Tribunal Supremo confirmó en 2024 la nulidad de este acuerdo por el que, en julio de 2019, el Ayuntamiento de Churriana aprobó las retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial, que incluía a este concejal no adscrito que concurrió a las elecciones municipales por el PSOE pero que finalmente logró competencias en el equipo de gobierno local del PP.
Concretamente, en el punto uno del acuerdo se recogía que, como concejal de Fiestas, Turismo y Nuevas Tecnologías y cuarto teniente de alcalde, percibiría durante ese mandato una retribución de 14 pagas al año a razón de 2.796 euros brutos al mes, según se desprende de la sentencia, consultada por Europa Press.
El grupo municipal socialista llevó el asunto a los tribunales por entender que esto incumplía el pacto antifransfugismo y la Ley de Bases de Régimen Local, por lo que solicitó que se anulara el acuerdo que otorgaba mayores retribuciones a este concejal no adscrito y la devolución de las cantidades indebidamente abonadas.
Aunque en primera instancia la justicia no les dio la razón, posteriormente el TSJA anuló el acuerdo y luego el Tribunal Supremo confirmó esta resolución al rechazar el recurso que contra ello presentó el Ayuntamiento de Churriana de la Vega y poniendo fin al recorrido judicial de este asunto.
Esta semana, el alcalde de la localidad, Antonio Narváez (PP), ha emitido un decreto de convocatoria de pleno extraordinario para este sábado a las 10,00 horas para tratar el expediente con el que se dará cumplimiento al fallo judicial, según consta en el escrito, consultado por Europa Press.
El grupo socialista en el municipio viene acusando al alcalde de mantener «una inactividad total y deliberada» desde que en 2023 se emitiera esta sentencia.
Sostienen que el hecho de que este «concejal tránsfuga» ya no forme parte de la corporación actual «no borra el delito ni disuelve los efectos de la ilegalidad cometida» pues según mantienen el dinero de los vecinos «fue detraído fraudulentamente de las arcas públicas y es obligación de este Ayuntamiento exigir su reintegro inmediato».
