La Fiscalía ha solicitado hasta cinco años de prisión y multas de hasta un millón de euros para tres acusados de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico que formaban parte de un clan asentado en Granada.
Esta macrocausa por blanqueo, que llegó a tener 23 acusados, ya llegó a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada el pasado junio, donde se abordaron acuerdos de conformidad, y ahora se ha señalado el juicio para tres de ellos.
Dos de los procesados también lo están en una causa que se ha seguido contra este clan en un juzgado de Santa Fe por pertenencia a organización criminal dedicada al cultivo y tráfico de marihuana, tenencia ilícita de armas y un delito leve de defraudación de fluido eléctrico.
Estos hechos, junto a la falta de ingresos legales suficientes de los acusados para justificar su patrimonio, refuerzan la tesis de la Fiscalía de la existencia de diversas operaciones para tratar de blanquear el dinero conseguido con la venta de droga.
Entre estas operaciones estarían la adquisición de viviendas o vehículos; así como diversas inversiones en reformas de inmuebles y el pago de préstamos hipotecarios, según se desprende del escrito de acusación provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press.
El segundo método que usaban era poner bienes a nombre de terceros que no eran sus propietarios, de manera que el enmascaramiento del dinero negro se acentuaba con el uso de testaferros.
De hecho, la Fiscalía cree que todos los acusados actuaron de testaferros del líder de la organización --ya enjuiciado--, que era el verdadero dueño de los bienes.
Estas formas de blanqueo estuvieron facilitadas por las relaciones familiares y personales que existían entre las 23 personas que formaron parte de esta macrocausa y que, en su mayoría, integraban un clan familiar, o estaban unidos por relaciones de vencidad o amistad.
La causa contra estos tres últimos acusados está previsto que se juzgue a finales de mes en la Sección Segunda. La Fiscalía pide para ellos entre cuatro y cinco años de prisión; así como el pago de multas de entre 50.000 y un millón de euros.
