El Gobierno de España ha señalado que las actuaciones desarrolladas por el Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE-CSIC) en Grazalema, uno de los pueblos de la Sierra de Cádiz más afectados por las borrascas de enero y febrero, vinieron a confirmar que la salida de agua por las viviendas se debió a que la capacidad de infiltración del medio kárstico «se vio sobrepasada puntualmente» por «las excepcionales lluvias» del 3 y 4 de febrero de 2026, que alcanzaron registros de 666 litros acumulados en la estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) instalada en el municipio.
En respuesta escrita a una pregunta registrada por Vox en el Congreso de los Diputados, recogida por Europa Press, sobre las conclusiones del informe elaborado por técnicos del CSIC y el coste de esta intervención, el Gobierno ha detallado que el despliegue del GADE en la emergencia de Andalucía «asciende a 29.192,31 euros», e incluye además de Grazalema a otras siete poblaciones de las Serranías de Cádiz y Ronda, como fueron Ubrique, Villaluenga del Rosario, Benamahoma, Benaoján, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera y Gaucín.
Además de los estudios realizados en Grazalema, el Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE-CSIC) efectuó trabajos de campo y gabinete para evaluar el riesgo hidrogeológico en estas otras siete poblaciones y el riesgo por movimientos del terreno en aquellos municipios e infraestructuras en los que dichos procesos podían suponer riesgo para la población. Todo ello fue financiado con cargo al programa presupuestario 463A (investigación científica).
Sobre el análisis de los datos recabados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), durante la activación del Protocolo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (PADE) en Grazalema, se ha aportado que tras las intensas lluvias del 3 y 4 de febrero, se originó «una escorrentía subsuperficial del agua bajo el firme de las calles y de las propias viviendas, que terminó aflorando a la superficie, concentrándose principalmente en las cotas topográficas más bajas».
A raíz de esta actuación, el Gobierno de España ha señalado que el GADE se ha consolidado como «una herramienta clave» para trasladar el conocimiento científico-técnico al ámbito operativo de la gestión de desastres y grandes emergencias, y considerando su intervención como «especialmente relevante en escenarios complejos, donde es necesario integrar información multidisciplinar de forma rápida, fiable y autónoma para apoyar la toma de decisiones».
En ese sentido, se ha resaltado que desde el CSIC, con el objetivo de garantizar respuestas «más ágiles, coordinadas, transparentes y basadas en evidencia científica ante futuras emergencias», se está reforzando el personal y mejorando la formación específica en emergencias, la autosuficiencia y los protocolos.
Cabe recordar que Grazalema sufrió uno de los peores episodios de su historia al tener que desalojar a la población al completo el pasado 5 de febrero ante un posible riesgo de derrumbes que provocasen daños personales, debido todo ello a las fuertes lluvias, que habían colmatado el suelo bajo el municipio, haciendo que este saliera a la superficie, y dejando imágenes de ríos de agua corriendo por las calles y saliendo por suelos y enchufes en las viviendas.
Como consecuencia de esto y de los «estruendos» de tierra que se estaban escuchando, se procedió a desalojar el pueblo, más de 1.600 personas que tuvieron que ser reubicadas temporalmente en municipios como Ronda o Zahara de la Sierra. Once días después de la catástrofe, y tras confirmarse que el riesgo había bajado una vez pasadas las lluvias, parte de la población pudo iniciar el regreso a sus casas, la cual no se vio completada hasta el 24 de febrero, cuando se permitió la vuelta de los últimos 80 vecinos que seguían desalojados.
En todo ese tiempo que el pueblo estuvo desalojado, técnicos del CSIC estuvieron realizando estudios geotécnicos para comprobar la estabilidad del suelo y establecer la vuelta segura de sus vecinos.
