«Esta teta ya no existe»: crónica de una jornada que puede marcar el fin del gobierno popular

Miles de personas se concentraron ayer frente al Palacio de San Telmo, en Sevilla, para exigir responsabilidades al Gobierno andaluz por los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama. La movilización, convocada por la asociación AMAMA y respaldada por otros colectivos ciudadanos, convirtió la avenida de Roma en una marea rosa de pancartas, camisetas y lágrimas contenidas. «Queremos morir de viejas, no de cáncer», gritaban muchas mujeres mientras sostenían fotografías de madres, hermanas y amigas a las que los retrasos o los errores en las pruebas pudieron costarles la vida.

El ambiente fue tan emotivo como combativo. La presidenta de AMAMA, Ángela Claverol, tomó el megáfono para recordar que llevaban «desde 2021 peregrinando a la Consejería de Salud» sin obtener respuestas. «No queremos parches ni promesas. Queremos que funcione el sistema y que nadie más tenga que pasar por esto», dijo ante una multitud que rompió en aplausos. Frente a la sede del Ejecutivo andaluz, la consigna era clara: el escándalo de los cribados no es un error técnico, sino el reflejo de un sistema sanitario deteriorado por falta de medios, privatizaciones encubiertas y una gestión que prioriza la apariencia sobre la vida.

Entre los asistentes se encontraban dirigentes como la eurodiputada Irene Montero, acompañada por el diputado andaluz Juan Antonio Delgado; el diputado Francisco Sierra, el coordinador de IU y diputado Toni Valero y el candidato de ésta a la Junta de Andalucía, Ernesto Alba; el diputado andaluz José Ignacio García, el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez o la activista Mar Cambrollé, así como dirigentes del PSOE provincial. También acudieron numerosos concejales y de distintos municipios —entre ellos Sevilla (Susana Hornillo), Dos Hermanas (Nerea Tovar), La Rinconada (el equipo de gobierno del PSOE y Sheila Guerrero, de Podemos), La Algaba o Guillena— que incluso fletaron autobuses para facilitar la asistencia. Quienes optaron por el transporte público llenaron los vagones del metro hasta desbordar el tramo entre Cocheras y Puerta Jerez, en un ambiente que mezclaba rabia, esperanza y sentido de pertenencia.

Montero aseguró que «esto no es un error del sistema, es la consecuencia de que gobierne Moreno Bonilla, de cómo gobierna el PP y de décadas de privatizaciones y de destrucción y falta de inversión en la sanidad pública porque al final ese es su modelo. Lo que quieren es que nos vayamos a Quirón a hacer las pruebas, destruir la sanidad pública para que la gente no confíe en la sanidad pública y se haga un seguro privado. Quieren hacer negocio con la sanidad y la vida de la gente en lugar de garantizar derechos. Por eso es tan importante que todas las mujeres, más de dos mil que han sufrido retrasos por esta emergencia sanitaria, reciban inmediatamente la atención médica y también psicológica que sea necesaria y también que haya reparación (…) Y un mensaje claro: Moreno Bonilla tiene que dimitir por esta emergencia sanitaria con los retrasos en los cribados, por mentir con las derivaciones de mamografías a la sanidad privada y tiene que dimitir también por señalar y criminalizar a las entidades feministas y de asociaciones de mujeres que están poniendo el cuerpo, la cara y destapando las políticas de muerte de Moreno Bonilla».

Según los datos oficiales, 2 317 mujeres se han visto afectadas por fallos en el programa de detección precoz, aunque los colectivos sospechan que el número real es mayor y lo cifran en hasta en 12 000 víctimas. La Fiscalía de Sevilla ya investiga posibles manipulaciones o desapariciones de pruebas diagnósticas. Entre la multitud se oían nombres propios y diagnósticos: mujeres que no recibieron la citación a tiempo, otras a las que se les comunicó tarde un resultado sospechoso, algunas que descubrieron su cáncer demasiado tarde. La indignación tenía cuerpo, rostro y memoria.

Las cifras de asistencia variaron según la fuente. La Policía Nacional habló de 8 500 personas; la Local, de unas 4 500; los sindicatos y AMAMA elevaron el cálculo hasta las 30 000, en un baile de cifras que ha sido criticado por dirigentes como Raquel Martínez ante la publicación, posteriormente retirada del portavoz del PP, en la que hablaba de «fracaso de la concentración».

Más allá del número, lo evidente era el golpe político: el Gobierno de Juanma Moreno enfrenta una ola de desconfianza que ya ha desbordado los límites del sector sanitario. En las pancartas se leía «Bonilla dimisión» y «Sanidad pública, digna y completa». La concentración, pese a su tono pacífico, tuvo la energía de una rebelión cívica. Entre las asistentes, muchas repetían que no se trataba solo de una protesta por un fallo puntual, sino de una defensa de la sanidad pública como derecho. «Esto no es un problema de un hospital ni de una máquina. Es un sistema que no escucha», decía una enfermera jubilada. La mezcla de rabia, miedo y dignidad dio a la concentración una fuerza transversal: estaban las pacientes, sus familias, médicos, vecinas, jóvenes que acompañaban sin pancarta, pero con el mismo hartazgo.

Al final de la mañana, la sensación generalizada era que se había hecho historia. Los titulares conservadores que hablaban de «cientos de manifestantes» tuvieron que rectificar cuando se publicaron las primeras imágenes: una marea rosa cubriendo la explanada de San Telmo. La Junta ha prometido reuniones, auditorías y revisiones del programa, pero la sensación general era de desconfianza. AMAMA anunció que no parará hasta que haya una revisión completa del sistema y se asuman responsabilidades políticas. Lo de ayer no fue una simple concentración: fue el síntoma visible de una fractura entre la ciudadanía y su gobierno, entre el discurso de la eficiencia y la realidad de un sistema que, cuando falla, mata en silencio.