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El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de la exdirectora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y de los otros tres acusados en el llamado 'caso audioguías'; en el que se juzgaron supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión de este servicio en el monumento nazarí, uno de los más visitados de España.
En una reciente sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal del Supremo, en la línea de lo expresado por la Fiscalía, rechaza el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que les absolvió hace ya tres años.
Además de Villafranca, que ha estado representada ante el Supremo por el letrado Rafael López Guarnido, el caso sentó en el banquillo de los acusados a la que fuera secretaria general del monumento, Victoria Eugenia Chamorro; al entonces jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos, José M.V.; y el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías.
Fueron juzgados por delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental. La Audiencia basó su absolución en que no existió perjuicio económico para el monumento —que la Fiscalía llegó a fijar en 1,2 millones de euros aunque luego no recurrió la sentencia— y tampoco un beneficio personal injusto para el empresario que explotó el servicio.
El Supremo «comparte» los argumentos de la Sala a este respecto, así como el hecho de que no hubo una recaudación fraudulenta del alquiler de audioguías por parte de la empresa (Stendhal Museum Solutions SL); ni pudo probarse que su administrador se quedara con dinero con consentimiento de Villafranca —representada en ese proceso por el letrado Enrique Ceres— o del resto de acusados.
Villafranca, que dimitió de su cargo a cuenta de este caso, declaró durante el juicio —en enero de 2023— que no participó en la contratación del servicio ni pretendió «en absoluto» beneficiar a la empresa que lo prestaba; así como que no tuvo sospecha alguna de gestiones contrarias a la legalidad.
El empresario defendió durante el juicio que se rigió «estrictamente» por el contrato, tanto para fijar los precios del servicio como para abonar el canon a la Alhambra, aunque reconoció que a la hora de hacer liquidaciones «nunca» le pidieron desde el Patronato de la Alhambra los comprobantes respecto al número de audioguías que alquilaba como soporte documental del volumen de facturación que generaba.
Incidió en que el Patronato pagaba «mal y tarde» y que si bien él tuvo deudas con el monumento durante la ejecución de este contrato, también la Alhambra le «debía mucho dinero» por la prestación de otros servicios en el conjunto monumental.
El Supremo ha escrito ahora el último capítulo de este caso al concluir que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por el letrado de la Junta de Andalucía contra la sentencia absolutoria de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, que queda de este modo confirmada.
