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El PSOE de Jaén reclama a la Junta de Andalucía «la paralización inmediata y la suspensión cautelar» de la concesión de explotación y de todo el procedimiento de expropiación forzosa de la cantera La Lancha, en Jódar, «ante los riesgos hidrogeológicos y sanitarios documentados».
Asimismo, exige a la Consejería de Industria la incorporación al expediente de la nota técnica que califica la mina «como una actividad no permitida en el perímetro protegido del acuífero». También requerirá la remisión inmediata del expediente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) «para que emita el informe de compatibilidad hídrica omitido en la tramitación original».
Estas peticiones el PSOE las planteará a través de una moción que se debatirá en el próximo pleno de Diputación, según ha informado este viernes en una nota el diputado provincial José Luis Hidalgo.
Ha advertido de que esta actividad lleva aparejada «riesgos físicos y sanitarios inaceptables», porque las detonaciones amenazan con fracturar el techo de apenas 60 metros que protege la reserva hídrica subterránea. A ello ha sumado que la cantera está 500 metros de las viviendas más cercanas y que el trabajo minero diario «generaría nubes de partículas en suspensión que exponen a la población a sufrir afecciones respiratorias graves y riesgos oncológicos».
Hidalgo ha hecho hincapié en que la Junta de Andalucía tiene «la plena potestad administrativa y la competencia exclusiva para paralizar el procedimiento». Por ello, le ha reclamado que «atienda las demandas de la Plataforma de Jódar por la Nueva Cultural del Agua y responda al clamor de las movilizaciones ciudadanas».
En este sentido, ha afirmado que la resolución de la Junta que otorga la concesión directa de explotación por 90 años «ha generado un firme rechazo social e institucional» en Jódar y Bedmar, con «una alarma e indignación que se han traducido en una respuesta ciudadana masiva y ejemplar».
Junto a la «agresión medioambiental y sanitaria», Hidalgo ha apuntado a «una grave vulneración del patrimonio local», ya que los terrenos son de propiedad municipal. «La expropiación forzosa de urgencia para favorecer un beneficio empresarial privado es una usurpación flagrante de los bienes de Jódar, despojando al municipio de su propio monte», ha reprochado.
Por último, ha recalcado que el expediente minero tramitado por el Gobierno andaluz «adolece de un vicio de nulidad radical al haberse otorgado la concesión omitiendo el preceptivo informe de compatibilidad hídrica, prescindiendo así de los controles obligatorios de la CHG». Además, las instalaciones mineras «invaden los perímetros de protección del abastecimiento», por lo que su actividad «no estaría permitida».
