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El Tribunal de Instancia de Vera celebrará este viernes, 7 de agosto, una comparecencia para ofrecer a los familiares de las 14 personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos (Almería) la posibilidad de personarse en la causa como acusaciones particulares, en calidad de perjudicados por los hechos.
Según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la mayoría de las comparecencias tendrán lugar por videoconferencia, dado que los familiares no se encuentran en España.
La causa se tramita en la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, órgano que investiga las circunstancias del incendio y que intervino en el levantamiento y la identificación de los cadáveres.
Entre las primeras 13 víctimas identificadas, una era española y doce eran extranjeras: siete británicas, tres belgas, una francesa y una estadounidense. Se trataba de ocho mujeres y cinco hombres, todos ellos mayores de edad. El balance se elevó a 14 fallecidos el 28 de julio, tras la muerte en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla de una mujer que permanecía hospitalizada.
El incendio se declaró durante la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se propagó por terrenos de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas hasta alcanzar la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar. El Plan Infoca dio por extinguido el fuego a las 21,00 horas del 24 de julio, 15 días después de su inicio y tras calcinar unas 5.200 hectáreas.
Algunos de los afectados han constituido la plataforma ciudadana 'Grupo de Trabajo del Fuego en Bédar', cuya primera asamblea, celebrada el pasado miércoles, reunió a unas 60 personas.
Durante el encuentro, el colectivo reclamó a los partidos políticos que apoyen la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para analizar la gestión de la emergencia.
La plataforma ha fijado tres líneas de trabajo: aclarar por qué no se controló el incendio y si los medios empleados fueron adecuados; recabar información sobre los avisos trasladados a los vecinos y la falta de utilización del sistema Es-Alert, y conocer si existía un plan frente a incendios y si este resultaba adecuado.
