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El investigado por el crimen del niño de Garrucha (Almería) pide su libertad y ofrece mudarse a Canarias

Redacción

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La defensa de Juan David R.C., el hombre investigado por el crimen del niño de cuatro años de Garrucha (Almería) el pasado mes de diciembre, ha solicitado la libertad provisional de su patrocinado al tiempo que ha ofrecido la posibilidad de fijar su residencia en la vivienda de su progenitor en Canarias para alejarlo del «foro de origen del conflicto».

En un escrito registrado recientemente ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, el letrado Manuel Martínez Amate hace referencia a la puesta en libertad provisional el pasado 22 de abril de la también investigada y madre del niño fallecido Bárbara Y.B.O., quien a mediados de mes dio a luz a un bebé.

La defensa expone en el documento, consultado por Europa Press, los «idénticos» indicios que pesan sobre ambos imputados así como el posible riesgo de fuga que podría achacarse a los dos investigados que, en el caso de la mujer, quedó «neutralizado» ante el alumbramiento que tuvo lugar el pasado 14 de mayo fuera del centro penitenciario.

«Carece de todo rigor lógico y proporcionalidad mantener privado de libertad al progenitor varón», expone la defensa, quien ha señalado el reconocimiento por parte del investigado de la paternidad del bebé como un motivo más de arraigo familiar e institucional para asegurar que no sería necesario mantener la medida privativa de libertad mientras avanza la instrucción.

«La aparición de esta nueva descendencia formalmente reconocida desvanece de manera absoluta cualquier hipotético o infundado riesgo de sustracción a la justicia o abandono del país», ha defendido el abogado, para que es «desproporcionado» mantener la prisión provisional ante este nuevo «vínculo», la posible residencia en Canarias y otras medidas adicionales ligadas a la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas en el juzgado.

Del mismo modo, ha rechazado la existencia de riesgo de reiteración delictiva así como en la alteración de fuentes de prueba tras la declaración que tuvo lugar este mismo jueves de los propietarios del inmueble en el que vivía con la coinvestigada y la víctima.

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