El Defensor del Pueblo Andaluz analiza ya los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras abrir una queja de oficio «por graves disfunciones» y la «alarma social» derivada de los fallos del cribado del cáncer de mama que, oficialmente, ha afectado a 2 317 pacientes. El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, informaba el pasado 16 de octubre de la apertura de una investigación de oficio tras conocerse las «graves disfunciones» reveladas en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.
La institución expresaba entonces su «consternación» y «honda preocupación» por los hechos y aseguraba que su intención es «contribuir a esclarecer las causas, el alcance sanitario y los posibles daños derivados de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en este programa preventivo».
Enfatizaba que «es la primera vez» en 30 años de funcionamiento del programa que «nos vemos obligados a iniciar una investigación de carácter general y no restringida a casos individuales —un total de cinco en los últimos años—». Jesús Maeztu consideraba que «concurren razones suficientes por la alarma social generada, el reconocimiento público de las deficiencias y la necesidad de reparación justa de los posibles daños sufridos».
Explicaba que el «detonante» han sido los testimonios de mujeres afectadas y las manifestaciones públicas de la asociación Amama, unido a la «confirmación» por parte de responsables de la Consejería de Salud de que, «al menos», 2.000 mujeres con resultados «no concluyentes» desconocían su situación al no haberles sido trasladada la información obtenida en sus mamografías de cribado.
Maeztu sostenía que «me voy a empeñar en el tiempo que me queda» en recuperar derechos que se han «lesionado» y en reparar «daños dolorosos». «Si no abriera esta investigación, me estaría absteniendo de tanto dolor», reconocía un Defensor del Pueblo en funciones que señalaba que está «consternado y muy preocupado». «Probablemente —apostillaba—, éste es el caso más abultado de intervención» que ha asumido la Defensoría en sus años de existencia.
Jesús Maeztu defendía con vehemencia la necesidad de «recuperar la confianza en el programa» del cribado del cáncer de mama. Para ello, con la investigación, el Defensor confía en «poner luz» para «rectificar los fallos» que «gracias a dios» se han desvelado.
La institución calificaba de «especialmente grave» que las mujeres con hallazgos catalogados como lesiones «dudosas» o no concluyentes «no hayan sido informadas, ni citadas para completar el estudio o realizar seguimiento evolutivo». «Esta situación podría comprometer el derecho a la protección de la salud y vulnerar la normativa sanitaria vigente sobre información clínica», apostillaba.
El Defensor del Pueblo andaluz subrayaba que el derecho de las pacientes a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica está recogido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente. La ausencia de comunicación, además de lesionar derechos, puede suponer «una pérdida de oportunidad asistencial y genera daños evitables».
Solicitaba a la Consejería de Salud y al SAS «información precisa» en tres bloques, y un cuarto punto que consistiría en conocer el resultado de la investigación y de la auditoría. En primer lugar, el Defensor del Pueblo Andaluz pide que se aclaren las razones que han llevado a no comunicar determinados resultados del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama.
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Quiere saber si esta práctica responde a un protocolo, a instrucciones internas o a otro tipo de criterios; si se aplica en todo el sistema sanitario público o sólo en algunos centros —indicando cuáles—, y cuántas mujeres se han visto afectadas, tanto en número como en porcentaje, ya sea por falsos positivos o por resultados que no se han considerado comunicables.
En segundo lugar, el Defensor requiere datos sobre la atención prestada a las mujeres que obtuvieron resultados dudosos o no concluyentes. Para ello solicita conocer la carga asistencial de los servicios de radiodiagnóstico de los hospitales públicos andaluces, los tiempos de respuesta, el número de profesionales que integran estos servicios —incluidos los radiólogos— y cuántas mujeres están aún pendientes de completar su estudio diagnóstico, tanto las derivadas del propio programa como las que proceden de otros circuitos asistenciales.
El tercer bloque de información se refiere a la gestión y evaluación del propio Programa de Detección Precoz. La institución quiere saber si existen «mecanismos establecidos» para «revisar» sus resultados y procedimientos, con qué periodicidad se han aplicado desde 2022, qué actualizaciones o mejoras se han introducido y en qué aspectos.
El Defensor también solicita el acceso a los informes de evaluación disponibles desde ese año y a los indicadores básicos y complementarios registrados. Además, pregunta por la actividad desarrollada hasta ahora por la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz, si cuenta con una planificación en marcha o si necesita desarrollo normativo para ejercer sus funciones.
