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El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha trasladado ya a partidos políticos que participarán en las elecciones del 29-N por la circunscripción de Córdoba el dictamen aprobado en el último plenario en el que recopila medidas y demandas, en ocasiones «largamente pendientes», para que si así lo estiman oportuno «sean contempladas entre los objetivos para Córdoba».
Según ha indicado el CMC en una nota, se trata de «25 puntos que, en línea muy general, se estructuran en torno a tres ejes principales: acciones sociales y de mejora de servicios públicos, lucha contra el cambio climático a través de iniciativas medioambientales y el cumplimiento de los compromisos sobre infraestructuras necesarias para la ciudad y su municipio desde la Administración central».
Así, en el ámbito de las políticas sociales, la organización demanda «incrementos anuales en el salario mínimo y en el sueldo de los empleados públicos para garantizar el poder adquisitivo». Además, aboga «por actualizar las pensiones (primando las más bajas) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) según el IPC, aumentar la dotación presupuestaria para la dependencia y destinar recursos suficientes al Plan contra la violencia de género».
En materia habitacional, el CMC, máximo órgano de participación ciudadana reconocido por el Ayuntamiento, reclama «fondos para la construcción de vivienda pública, ayudas sociales de acceso, rehabilitación de inmuebles y el mantenimiento de las prórrogas de alquileres y normas antidesahucios para colectivos vulnerables, junto a un plan de empleo joven provincial».
En materia medioambiental y urbana, el dictamen reclama «más recursos para combatir el cambio climático, acometer la tercera fase de remodelación del río Guadalquivir para evitar inundaciones y desarrollar actuaciones hidráulicas en los arroyos de la Sierra a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), así como de las carreteras de titularidad de la CHG que actualmente son ejes entre núcleos del Oeste del municipio».
La propuesta incluye además actuaciones en la Plaza de las Tres Culturas, la Plaza de la Constitución y el entorno de la Subdelegación del Gobierno para incorporar arboleda y recuperar estanques, junto a una apuesta por la movilidad sostenible.
Estas reivindicaciones medioambientales son parte de un segundo capítulo, con 15 demandas en total, en las que se reclama también la ejecución de inversiones pendientes para infraestructuras, equipamientos, servicios y otras mejoras dependientes de la Administración central.
Entre ellas se encuentran la «declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) para el Tren del Valle como cercanías y las dos nuevas estaciones en los lugares consensuados social y vecinalmente (entorno del Centro de Exposiciones Feria y Convenciones y Fátima), así como la eliminación de las vías que cruzan Alcolea».
En la red estatal de carreteras figura la segunda fase de la variante Oeste o el «replanteamiento consensuado» de la futura variante «A-81 (N-432) y el nuevo trayecto de la autovía Sur/Sureste».
También se reclama «la urbanización del solar abandonado de la antigua Prisión Provincial en el barrio de Fátima, las ampliaciones de los museos Arqueológico y de Bellas Artes, la puesta en uso de la nueva Comisaría incluyendo soluciones para evitar el abandono de las actuales instalaciones en el Campo Madre de Dios y las transferencias para la conservación y gestión de las cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad», además de «partidas para invertir en nuestro patrimonio más allá de la Mezquita».
