La Audiencia de Málaga ha condenado a una pareja por tener empleados trabajadores extranjeros en situación irregular en Espala en condiciones «de semiesclavitud» e «infrahumanas, con jornadas agotadoras», además de facilitarles otras identidades para que pudieran trabajar.
Según se declara probado en la sentencia de la Sección Octava de Málaga, a la que ha tenido acceso Europa Press, los principales acusados, que eran pareja, utilizaban sus empresas, con actividad real, y una asociación para ayuda a migrantes para llevar a cabo estos hechos.
Así, dice la resolución, entre 2022 y 2023, facilitaban a extranjeros documentación de otros trabajadores, también foráneos, pero que estaban en situación legal en España, para que los primeros pudieran permanecer y trabajar en el país, utilizando «de forma mendaz» esos papeles, que eran verdaderos, y dándoles otra identidad.
Además, señala la sentencia, los acusados implantaron condiciones de trabajo «draconianas, contrarias a toda la legislación laboral española» a varias personas, «aprovechando que carecían en ese momento de documentación que les permitiera trabajar en España, al encontrarse en situación irregular y bajo la promesa de regularizar su situación, lo que nunca ocurrió».
En este apartado, el Tribunal considera probado varios casos en los que los acusados se aprovechaban de la situación de estas personas para que trabajan para ellos «sin contrato, sin asegurar y en condiciones de semiesclavitud», estando «sin descanso ni vacaciones, 24 horas».
La Sala considera que los acusados sabían que estas personas necesitaban el empleo y pone como ejemplo una de ellas que trabajaba de lunes a viernes de 18,00 a 8,00 horas y el fin de semana las 48 horas, sin posibilidad de abandonar la obra en la que estaba como vigilante, donde dormía y comía, todo a cambio de 800 euros.
Asimismo, la sentencia considera probado que estos trabajadores tenían una identidad diferente para cada trabajo que les facilitaba el acusado, sufriendo unas «penosas condiciones de explotación»; además de que tenían que decir si había una inspección que no trabajaban sino que habían ido a ver a un amigo.
Por otro lado, el procesado alquiló un piso donde constaban empadronadas hasta 15 personas, además de que alquilaba habitaciones a algunos de sus trabajadores, que vivían allí «hacinados».
Por estos hechos, se les condena al hombre por los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; contra los derechos de los trabajadores, también con imposición de condiciones laborales abusivas; y falsificación en documentos mercantiles y oficiales, todos con carácter continuado. Se le impone cuatro años y nueve meses de prisión.
A la mujer se le condena por un delito, también continuado, contra los derechos de los trabajadores y se le impone 21 meses de cárcel. A esta sentencia se ha llegado tras la conformidad expresada por ambos acusados y sus defensas con la acusación en definitiva sostenida por el fiscal.
