La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Lutasanol', ha desarticulado una red criminal dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos a cambio del cobro de entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso. Se habrían tramitado ilegalmente más de un centenar de casos.
La operación se ha saldado con la detención del principal captador de la trama y la investigación de otros tres presuntos implicados: dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral que colaboraba con la trama. La organización extendía su actividad en la provincia de Almería, pero también captaba ciudadanos en Murcia y diversos puntos de Albacete, Huelva, Granada y Málaga.
Asimismo, se ha llevado a cabo un registro en el establecimiento que servía como centro de operaciones de la trama donde se intervino abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo procedente presuntamente de los cobros realizados a las víctimas.
Según la investigación que comenzó el pasado año, de la que ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los miembros de la organización captaban a personas extranjeras que buscaban obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España.
Para ello, les ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con el objetivo de presentar documentación aparentemente legal ante la Administración, pidiendo a cambio cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros.
Los agentes han podido constatar que la organización realizaba altas de trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara esas contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a los 100.000 euros y con el que se les podía incluso facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.
Según la Guardia Civil, la estructura contaba con funciones «perfectamente repartidas entre captadores responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad a toda la operativa».
«Se trataba de una activa red criminal interprovincial que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, obteniendo beneficio económico mediante la explotación de la necesidad de ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España», ha precisado el Instituto Armado.
Por tal motivo se procedió a la detención de una persona que ejercía las funciones de captador, así como a la investigación de los administradores de la mercantil localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, y del gestor laboral/contable con despacho profesional en Almería.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y el Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido y dirigida por el Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza nº 5 de El Ejido (Almería).
