La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Territorial, ha prestado apoyo financiero por valor de más de 35 millones de euros a 95 municipios de la provincia para el desarrollo de sus respectivos planteamientos urbanísticos. También incluye asesoramiento técnico y administrativo a los ayuntamientos para favorecer una implantación coordinada y uniforme de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).
Según ha detallado la Diputación en una nota de prensa, la financiación provincial puesta en carga hasta ahora para la aplicación de la Ley asciende a 20,9 millones de euros, que se ampliarán con otros 7,2 millones más destinados a la financiación del Plan de Ordenación Urbana (POU) de 54 ayuntamientos potencialmente beneficiarios, según ha explicado la diputada provincial de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, durante una reunión técnica sobre esta materia celebrada este lunes.
Asimismo, de los 95 municipios beneficiados, once tienen más de 20.000 habitantes y 84 se tratan de poblaciones menores, donde, tras la entrada en vigor de la Lista en diciembre 2021, la Diputación decidió «respaldar con fondos propios su implantación en provincia» para lograr una evolución urbanística «pareja cronológicamente e igualitaria en todos los municipios», generando el futuro planeamiento urbanístico «sin desequilibrios ni competencias entre pueblos», según ha apuntado Jiménez.
La Diputación aprobó en 2022 una convocatoria de subvenciones para la financiación de los dos instrumentos generales de planeamiento que eran posibles a partir de la aprobación de la Lista, el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM), que dejó 30 municipios como primeros beneficiarios, ampliados a 72 en mayo de 2023 y a los que se adicionaron 25 en 2024, junto con una nueva fase de ayudas.
De esta manera, la diputada provincial ha destacado que «se ha facilitado a cada entidad local beneficiaria asesoramiento administrativo y técnico» a través de los pliegos de condiciones técnicas «que podrían los consistorios necesitar para contratar estos trabajos con los fondos subvencionados», además de otros pliegos administrativos orientadores, el asesoramiento en las mesas de contratación e incluso su participación en la «coordinación técnica de los ayuntamientos con los profesionales externos que contratasen».
Para este proceso, el Área de Cohesión Territorial ha previsto un cronograma que incluye 60 meses de trabajos técnicos y en el que se han movilizado recursos, que «han permitido que haya 21 empresas o equipos profesionales externos trabajando para uno o varios ayuntamientos al mismo tiempo».
Además, entre los 95 municipios beneficiarios de esta estrategia urbanística, hay 48 ayuntamientos a los que la Diputación les financia concretamente el PGOM, el instrumento estructural para el largo plazo, pero que precisaban de otro instrumento de desarrollo, el POU, herramienta para ordenar detalladamente el uso pormenorizado del suelo urbano y la concreción de las normas y condiciones de la edificación.
