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Andalucía se sitúa al frente del desarrollo de inteligencia artificial generativa aplicada a los servicios públicos en Europa con EUNOMIA.AI, un proyecto liderado por la Agencia Digital de Andalucía que reúne a 34 entidades de 14 países y cuenta con un presupuesto global de 14 millones de euros.
La viceconsejera de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública ha destacado este lunes en Granada, durante la primera Asamblea General del proyecto, que «Europa ha confiado en Andalucía para liderar una iniciativa estratégica que busca convertir la inteligencia artificial en una herramienta real de modernización de los servicios públicos».
El proyecto, de tres años de duración y cofinanciado al 50% por la Unión Europea (UE) a través del Programa Europa Digital, está coordinado desde ANIA, el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía con sede en Granada. «La ambición es clara: que la inteligencia artificial ayude a simplificar la Administración, reducir cargas, mejorar la atención al ciudadano y facilitar el trabajo de los empleados públicos», ha señalado la viceconsejera.
Según ha explicado el Ejecutivo andaluz en una nota, EUNOMIA.AI permitirá desarrollar modelos fundacionales europeos y aplicaciones de inteligencia artificial generativa orientadas a ámbitos como la simplificación administrativa, el análisis automatizado de normativa, los asistentes virtuales multilingües y la mejora de la toma de decisiones públicas basada en datos.
La viceconsejera ha subrayado que «el éxito de la inteligencia artificial no se medirá por la sofisticación de la tecnología, sino por su capacidad para resolver problemas reales y mejorar la relación de los ciudadanos con la Administración».
El liderazgo de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) permitirá a la comunidad participar desde la fase inicial en la definición de soluciones, metodologías y estándares interoperables que posteriormente podrán ser adoptados por administraciones de diversos países europeos.
Esta posición estratégica garantizará que las necesidades y particularidades de Andalucía queden integradas en el diseño de unas herramientas llamadas a implantarse en el sector público europeo. «Estamos hablando de innovación, pero también de capacidad de influencia», ha señalado la viceconsejera, quien ha enfatizado que la comunidad «no quiere limitarse a consumir tecnología, sino participar en su diseño, decidir su uso y contribuir a construir las capacidades digitales que Europa necesita».
En este sentido, ha destacado el papel de la soberanía digital como uno de los principios fundamentales del proyecto. «La soberanía digital significa saber qué tecnología utilizamos, dónde están nuestros datos, quién puede acceder a ellos y disponer de alternativas que garanticen la continuidad de los servicios públicos», ha explicado.
EUNOMIA.AI se desarrollará bajo un enfoque de cumplimiento desde el diseño, siguiendo la normativa europea en materia de inteligencia artificial, protección de datos y ciberseguridad. La viceconsejera ha insistido en que cualquier avance tecnológico debe ir acompañado de garantías para los ciudadanos. «Las administraciones tienen que conocer cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial, cuáles son sus límites y qué supervisión requieren», ha afirmado.
Además, ha añadido que existe un principio irrenunciable: «La inteligencia artificial puede ayudar a tomar mejores decisiones y prestar mejores servicios, pero la responsabilidad sobre el servicio público seguirá siendo siempre pública».
La coordinación de EUNOMIA.AI desde ANIA refuerza además la posición de Granada como «uno de los principales polos de inteligencia artificial del sur de Europa». «Desde Granada estamos coordinando conocimiento, talento y capacidad tecnológica de catorce países», ha destacado la viceconsejera, que ha señalado que esta iniciativa «demuestra que Andalucía tiene capacidad para liderar proyectos europeos de primer nivel en inteligencia artificial».
La primera Asamblea General de EUNOMIA.AI permitirá revisar los primeros meses de ejecución del proyecto, iniciado en julio, y coordinar los siguientes hitos entre las entidades participantes. Las soluciones que se desarrollen durante los próximos tres años deberán demostrar su utilidad, fiabilidad y seguridad antes de extender su utilización a los servicios públicos. «El objetivo final es muy concreto», ha concluido la viceconsejera: «que la tecnología sirva para hacer una Administración más ágil, más inteligente y más útil para los ciudadanos».
